El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, declaró que el Ministerio de Agricultura de la Nación otorgó terrenos a militantes del Movimiento Evita de manera ilegal y anunció que presentará una denuncia penal. Esta afirmación tergiversa el reconocimiento de poseedores de la tierra, iniciado por el municipio de Palma Sola, y desconoce que el Estado tiene que garantizar el acceso a la tierra de las comunidades campesinas e indígenas de todo el país.

En 2016 el Concejo Deliberante de la localidad de Palma Sola, Jujuy, sancionó una ordenanza que declara “área campesina” a todo el territorio del municipio, excepto el ejido urbano. Esta figura protege el modo de vivir y producir de las comunidades campesinas, promueve el arraigo y preserva el medio ambiente. La gran mayoría de las comunidades campesinas de este municipio son poseedoras, es decir, viven y trabajan ahí desde hace generaciones pero no cuentan con un título de propiedad. En el marco de esta ordenanza, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, entre 2021 y 2022 se realizó el “Relevamiento territorial participativo del área Campesina Palma Sola”. El trabajo mostró que existen en el municipio 63 puestos y 18 parajes rurales. En un acto público la semana pasada, se entregaron carpetas a las familias que los habitan. Cada carpeta incluye información relevante para que las familias puedan demostrar que viven allí desde hace generaciones y así defenderse de intentos de desalojo.

Las comunidades campesinas e indígenas del país viven con la permanente amenaza de los desalojos. Y, al mismo tiempo, sus modos de vida y de producción son permanentemente acorralados por los emprendimientos económicos rentísticos. Por eso, los relevamientos socio territoriales, la identificación de les poseedores y de sus prácticas de producción son fundamentales para garantizar el derecho a la tierra de estas comunidades. En una segunda instancia, permiten avanzar en el otorgamiento de títulos, individuales o colectivos.

Existen otras iniciativas en el mismo sentido en otras provincias. En Córdoba, por ejemplo, el Movimiento Campesino de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba han identificado una área de 290 mil hectáreas donde 153 familias campesinas viven y trabajan, de forma comunitaria. Estas comunidades son amenazadas por grandes productores que buscan hacerse de estas tierras. Por eso, están demandando que este territorio se declare “Área Campesina Bañados del Río Dulce y Mar Chiquita”.

El derecho internacional y el marco normativo nacional obligan al Estado, en sus diferentes niveles, a tomar las medidas necesarias para garantizar la posesión y propiedad de las tierras. Así lo establecen, por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales y la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Esta última establece la creación de “un programa específico y permanente para el relevamiento, análisis y abordaje integral de la situación dominial de tierras de la agricultura familiar, campesina e indígena”. A más de siete años de su aprobación, sin embargo, la ley no se ha reglamentado y el programa en cuestión no se ha comenzado a aplicar.