(Por Rafael Saralegui) Horacio Rodríguez Larreta ya anunció su intención de conseguir que la Justicia le devuelva el punto de coparticipación que el presidente Alberto Fernández reasignó la semana pasada con destino a la provincia de Buenos Aires, de manera de solventar los aumentos salariales de los policías y mayores gastos en seguridad.

En el Gobierno están tranquilos porque entienden que la ciudad de Buenos Aires fue beneficiada en exceso cuando en 2016 el entonces presidente Mauricio Macri decidió aumentar la masa de coparticipación como consecuencia del traspaso de una parte de la Policía Federal.

En la Casa Rosada calculan que durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, la ciudad recibió más de 86 mil millones de pesos de excedente, de lo que efectivamente le correspondía por el traspaso de una parte de la Policía Federal.

Macri había creado la policía metropolitana en 2008 cuando era jefe de gobierno y cuando llegó a la Casa Rosada decidió desguazar la Policía Federal y pasar todo el personal destinado a la seguridad callejera (todas las comisarías para decirlo en forma simple) al ámbito porteño.

Fue así que surgió entonces la actual Policía de la Ciudad, como una fusión de la antigua Policía Metropolitana con los efectivos provenientes de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal.

A comienzos de 2016, Macri decidió incrementar la masa de coparticipación nacional a CABA como consecuencia del traspaso de una parte de la Federal, pero en el Gobierno argumentan que el cálculo fue generoso en exceso.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, la ciudad de Buenos Aires recibía 1,40% de recursos de la coparticipación y mediante el decreto 194 del 18 de enero de 2016 pasó a percibir un 3,75%, supuestamente para hacer frente a los gastos derivados del traspaso de una parte de la Policía Federal.

Luego mediante el decreto 257 de 2018 se redujo apenas el porcentaje a 3,50% como consecuencia de las negociaciones con los gobernadores para la firma del llamado Consenso Fiscal.

De todos modos, los recursos transferidos mediante los dos decretos firmados por el entonces presidente Macri excedían en mucho los recursos necesarios para solventar los gastos de la incorporación de los agentes de la Federal.

“En el período 2016/19 los mayores recursos que percibió la CABA ocasionados por los cambios en su coeficiente de participación en el Régimen de Coparticipación Federal ascendieron a $ 125.794 millones”, dice el informe elaborado por el Gobierno.

Para la administración nacional, el porcentaje que se debería haber incrementado a la Ciudad en 2016 para afrontar los mayores gastos por seguridad eran menos de un punto de la coparticipación.

“El incremento en el índice de Coparticipación Federal necesario para que la CABA afrontara en 2016 los mayores gastos originados en la transferencia de los servicios de seguridad se calculó en función de la estimación precedente y dio como resultado un coeficiente de 0,92%”, agrega el trabajo.

“Si se le adicionara el 1,4% (que percibía la CABA hasta el 31/12/2015) totalizaría 2,32% en lugar del 3,75% que percibió en dicho año”, precisa el trabajo. Fernández le quitó a la ciudad un punto, de modo que igual percibe más de lo que debería.

“Considerando estos montos, el exceso de RON (recursos de origen nacional) transferidos a la CABA en 2016 continuó registrándose en los años subsiguientes. Durante el período 2016/19 los RON percibidos por la CABA excedieron a los gastos netos de transferencia de servicios de seguridad en $86.269 millones”, asegura el informe.

Para resolver la cuestión se plantearon en marzo, antes de la pandemia, varios escenarios:

1- Mantener el coeficiente de participación de la CABA en la distribución de recursos coparticipables en el 1.4%, en atención a que durante los cuatro ejercicios fiscales precedentes el Gobierno Nacional financió en exceso los gastos de la transferencia efectuada.

2- Sostener el coeficiente mencionado en el punto anterior y adicionar una transferencia del Gobierno Nacional (con destino específico) equivalente al gasto que una auditoría determine que ocasiona la transferencia de servicios realizada en 2016.

3- En caso de no poder concretarse la auditoría propuesta, sostener el coeficiente mencionado en el punto anterior y adicionar $ 13.945 millones (en concepto de gastos netos) a valores promedio de 2019.

4- Que el coeficiente de participación de la CABA en la distribución de recursos coparticipables sea del 1,98% como resultante de la sumatoria del 1,4% histórico y del 0,58% al cual equivalen las transferencias en 2019.

Finalmente, en el decreto que el Presidente firmó el jueves de la semana pasada se estableció que hasta la aprobación por parte del Congreso de “la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al 2,32 por ciento sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley”.

En ninguno de los casos se plantea que Rodríguez Larreta tenga que devolver lo que recibió en exceso durante los últimos cuatro años. El punto que va a la provincia se estima en unos 35 mil o 40 mil millones de pesos, según como evolucione la recaudación.

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, explicó que “la Ciudad no pertenece al régimen de coparticipación. La ley es de 1998. En ese entonces había dos territorios federales: Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires. Eran gastos presupuestarios del gobierno nacional”.

Recordó ante Big Bang que que Tierra del Fuego se provincializa en 1991 y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se otorgó en 1997 y por un decreto de Eduardo Duhalde se fija 1,40 el porcentaje que se le asigna a la ciudad para cubrir todos los gastos.

“Entre 2003 y 2016 la Ciudad de Buenos Aires recibió este porcentaje que fue asignado por un simple decreto, hasta que Macri lo modificó en 2016 y lo llevó a 3,75% también por decreto. Luego lo bajó a 3,50% por las quejas de los gobernadores”, indicó.