(Por Walter Onorato - @WalterOnorato) Aún más grave es que el Estado, en este caso el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, actúe por fuera de la ley, violando nada menos que una sentencia judicial en horas de la noche cual ladrón que busca no ser visto. Los vecinos de la escuela debieron comunicar de la situación a la policía ante un posible delito por parte de los funcionarios/as que autorizaron la mudanza ya que ingresaban a un lugar que se encontraba con fajas colocadas por el propio juzgado.

Ante la denuncia intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 39, a cargo del Dr. Gonzalo Viña, quien ordenó suspender la mudanza y citó a las partes (GCBA y a los actores del amparo presentado) a la sede de la fiscalía el lunes 26.

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Esta decisión del gobierno de la Ciudad, de realizar una mudanza que tenía prohibida hacer y que sin respetar lo ordenado por la justicia quiso llevarla a cabo igualmente, es el resultado de una serie increíble de escandalosos errores que de no ser por el blindaje mediático serían sin lugar a dudas tapa en los diarios.

Según cuenta el sitio del Observatorio de la Ciudad en primera instancia “el GCBA decidió demoler el Edificio de la Escuela Taller ubicado en la calle Brasil N° 200 para avanzar con la etapa N° 2 del Metrobus del Bajo. Algo absolutamente irrazonable porque a esa altura la Av. Paseo Colón tiene una calzada de ancho más que considerable.”

Luego sucedió otro escándalo ya que “gestiones anteriores del Casco Histórico habían solicitado el edificio en la calle Moreno N° 330 para que sea sede de la Escuela Taller. Pero a través de la Ley N° 6.138 (sancionada el 13 de diciembre de 2018) se aprobó la venta de este edificio que fue subastado el 1 de agosto de 2019 a U$S 1.228.623.” Quedando nuevamente la Escuela a la deriva.

Urgente. El Gobierno de la Ciudad está mudando las cosas de la Escuela Taller del Casco Histórico, protegida por sentencia judicial. Lo hacen un sábado de aislamiento, de noche, sin autorización y a escondidas de la comunidad educativa. @eavogadro @horaciorlarreta pic.twitter.com/gLY6LAVYKE

— Lorena Pokoik (@lpokoik) July 26, 2020

Entonces “el nuevo destino de la Escuela Taller sería, fuera del Caso Histórico, en el Distrito Gubernamental Parque de la Cultura en el Parque España. El GCBA vendió un edificio en el Casco Histórico y traslada a la Escuela Taller del Casco Histórico a Barracas en un edificio a construir en un parque público.”

Esto último propuesto por el Gobierno de Larreta, era irrealizable ya que “el GCBA no tuvo en cuenta que no puede construir edificios en un parque público sin autorización de la Legislatura. Así que un juez suspendió las obras.”

Pero la cosa no terminó ahí ya que la otra genial alternativa del GCBA fue ofrecer “el Edificio de la calle Alsina N° 963 donde se encuentra el Archivo de Partituras de la Banda Sinfónica de la Ciudad” que se encuentra protegido patrimonialmente por la Ley N° 3.547.

Por último la Jueza de la causa expresó que por varios motivos ordenó suspender la demolición del edificio de la Escuela Taller porque no está asegurada su nueva ubicación, es decir, que no existen constancias objetivas de las que se verifiquen que la institución se encontrará en condiciones de funcionar en el nuevo edificio propuesto por el gobierno de Larreta.

Los motivos considerados por la jueza fueron los siguientes:

1) No se ha adjuntado acto administrativo ni decisión formal alguna de la que surja dónde funcionará la escuela y si específicamente se ha destinado el espacio ofrecido en autos a tales fines,

2) Al momento de dictar la presente resolución el inmueble propuesto para el traslado de la escuela se encuentra ocupado y allí funciona otra dependencia del GCBA, es decir que – al menos en este estado- no se encuentra disponible

3) El GCBA no ha acreditado haber dado inicio a la contratación de obra para la puesta en condiciones del edificio de la calle Alsina (en tal sentido, según se ha determinado en la inspección ocular y las audiencias celebradas en autos deberían –de mínima- efectuarse los siguientes trabajos: remoción de tabiques, puesta en condiciones de los baños –en particular su disposición con accesibilidad para personas con discapacidad-, colocación de ventilación forzada)

4) No se ha acreditado la existencia de plan de obra en concreto en el que consten las tareas que se efectuarán, sus tiempos de ejecución, ni trámites administrativos relacionados con la habilitación y condiciones de seguridad para el funcionamiento de una escuela en el sitio en cuestión.

5) No se ha informado ni acreditado cuál es el cronograma de clases establecido para el ciclo 2020

6) No se ha acompañado ni especificado contar con un plan de contingencia para el caso de que las obras no estuviesen terminadas en los plazos previstos (v.gr. posibilidad de realizar los cursos – transitoriamente- en otras dependencias o bajo otras modalidades prácticas o teóricas).

Queda que reflexionemos como ciudadanos cuáles son los motivos y prioridades que movilizan a un gobierno que prioriza un carril para colectivos en lugar de una escuela, intentando derribar un edificio dentro de un sitio que es un casco histórico (en sí un acto por fuera de la ley) y que además para conseguir el objetivo no se detiene ni siquiera ante la orden de un juez.