Domingo 21 de Junio de 2026
La justicia le exige a Larreta que asegure el derecho a la educación a todxs lxs alumnxs
La justicia rechazó la recusación al Juez Gallardo y Larreta deberá cumplir con la Ley, tendrá que entregar computadoras a los alumnos de barrios vulnerables
Lunes 27 de julio de 2020 | 16:36
(Por Walter Onorato) Cómo ya habíamos informado en notas anteriores, el juez Roberto Andrés Gallardo había ordenado al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el pasado 9 de junio, a entregar a todos y todas las estudiantes en condición de vulnerabilidad un dispositivo móvil (Pc, Tablet o celular) para que puedan tener acceso a la educación durante el desarrollo de la cuarentena.
La respuesta del gobierno de la Ciudad, muy lejos de acatar la indicación de la justicia, resolvió buscar la recusación del juez en una primera instancia. Luego, en una actitud vergonzante que pasa desapercibida por el excepcional blindaje mediático con el que cuenta el jefe de Gobierno buscaron ganar tiempo para no suministrar los equipos.
El juez Gallardo, que es señalado por la prensa larretista como “la piedra en el zapato”, ordenó instalar antenas que provean WiFi en todos los barrios vulnerables de la Ciudad. Si esto no podía ser implementado el Estado debería entregar celulares con datos a los estudiantes de primaria que los necesitaran. “Esta cautelar se dio en el marco de una demanda iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras organizaciones.”
El intento de recusación del juez Gallardo fracasó por segunda vez cuando la semana pasada la justicia a través de la Cámara de Apelaciones en lo CAYT - Sala III al resolver la denegación del “recurso de inconstitucionalidad interpuesto, sin costas por no haber mediado sustanciación. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase a la instancia de grado.” Lo que significa que la causa judicial se encuentra nuevamente radicada en el Juzgado en lo CAyT N° 2 a cargo del Juez Gallardo quién deberá tomar como una de las primeras medidas resolver la incorporación de las solicitudes que fueron recibidas pidiendo equipos para los alumnos.
La Cámara consideró que “el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la resolución que, por mayoría, rechazó una nueva recusación articulada contra el juez Roberto Andrés Gallardo. Manifestó que el fallo le causaba un agravio irreparable que lo equiparaba a una sentencia definitiva, por cuanto lo decidido tiene por efecto permitir o no la tramitación de un proceso judicial por ante un juez determinado y alegó la concurrencia de un caso constitucional tras hallar en juego las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio.”
Agregando que “es sabido que las cuestiones atinentes a la recusación de los jueces de la causa, como regla, no dan lugar al recurso extraordinario, por no tratarse de sentencias definitivas y versar, en principio, sobre cuestiones de hecho y de derecho procesal Tal principio -sentado por la Corte Suprema de la Nación- resulta aplicable al presente por cuanto la existencia de sentencia definitiva – ha sostenido nuestro Tribunal Superior de Justicia no puede ser soslayado ni aún bajo la invocación de lesiones constitucionales pues "la invocación de arbitrariedad o de desconocimiento de garantías constitucionales no autoriza a prescindir de la existencia de pronunciamiento definitivo.”
Para finalizar en una durísima aseveración al decir que “el recurrente (el gobierno de la Ciudad) se limita a enunciar de una manera genérica que se trata de un pronunciamiento que le ocasiona un gravamen irreparable al estar en juego la imparcialidad del juez, sin aportar argumentos suficientes por los que se advierta una semejanza con la jurisprudencia de excepción invocada en el recurso.”
La pobre defensa del Ministerio de Educación porteño sostuvo que lleva entregadas más de 4000 notebooks a préstamo y sobre 681 mil cuadernillos pedagógicos. Quedando en descubierto en su propia defensa que existen en la ciudad dos “clases” de alumnos, los que poseen equipos con conectividad para llevar adelante este proceso educativo y aquellos que deben contentarse con poder estudiar con unos simples cuadernillos.
Tal como lo expresó el juez Gallardo, pasado casi 3 meses de la suspensión de clases presenciales, las autoridades del gobierno porteño no han instrumentado ninguna “medidas concretas y efectivas que aseguren a todas y todos los alumnos y alumnas ese derecho, de poder continuar realizando desde sus hogares las actividades propias del ciclo lectivo que se encuentren cursando."
