«Este segundo acuerdo con el FMI es inconstitucional porque debió necesariamente ser tratado por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del Art. 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo», sostiene la denuncia, que argumenta: «Se demuestra irracionalidad y el daño que el acuerdo con el FMI (violatorio de la institucionalidad de nuestro país y de los propios Estatutos del organismo) ha producido sobre la economía y la sociedad argentina dónde se desprende con claridad la Administración Fraudulenta en la que ha incurrido el Presidente Mauricio Macri y sus funcionarios.

Desde el 22 de Junio del 2018 al 16 de Julio del 2019, ingresaron a la Argentina en ese período U$S 44.490 millones. Solo se utilizaron para pagos de deuda por U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones. Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido».

El FMI también es sindicado como responsable de los hechos delictivos: «cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri», instituyendo «un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales».

La denuncia fue realizada por el economista Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad y quedó radicada en el juzgado a cargo del Dr. Sebastián Roberto Ramos.

Si el Poder Judicial asume la tarea histórica que le compete, Macri y sus funcionarios deberán empezar a desfilar por Comodoro Py y comenzar a rendir cuentas a la sociedad de sus hechos.