Desde que se conoció que el Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió crear el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” como “ámbito de cohesión e integración social” destinado a jóvenes de 16 a 20 años, se multiplicaron las voces en repudio a la medida. En la UNGS, desde distintos espacios se sumaron a las expresiones de rechazo a la cuestionada resolución.

Por un lado, el Consejo del Instituto de Ciencias de la Universidad alertó sobre “la gravedad de la situación planteada”. En una resolución, expresó que “el Estado Nacional, en consonancia con el paradigma de derechos al que suscribe a través de los tratados internacionales de derechos humanos, debe garantizar a adolescentes y jóvenes el acceso al derecho a la formación brindada por las áreas educativas, escuelas y universidades” y que “poner la educación en manos de una fuerza de seguridad militarizada como la Gendarmería significa un retroceso en materia de derechos de los adolescentes y jóvenes de nuestro país”.

Además, la UNGS, con la firma de la investigadora docente Silvina Cimolai, también adhirió a la declaración de los y las directores/as y coordinadores/as de carreras de Educación y Ciencias de la Educación de universidades nacionales. En el documento, reivindican el “papel central del sistema educativo” y exigen la “inmediata derogación” de la resolución 598/19 del Ministerio de Seguridad.

“Nos oponemos a que los jóvenes de 16 a 20 años sean formados para el ‘trabajo voluntario y comunitario’ por una fuerza dedicada al servicio de policía”, aseguran en la declaración, y remarcan: “Las oportunidades y derechos de las futuras generaciones dependen de políticas públicas con fuerte financiamiento en materia de educación, salud, desarrollo social, vivienda y trabajo. El sistema educativo cuenta con un sinfín de instituciones capaces de fomentar los hábitos y valores que se declaran en la resolución, el deporte y habilidades para el trabajo. Para ello hemos sido formados como educadores y educadoras durante largos años y para ello nos seguimos formando. Es responsabilidad del Estado nacional, de las provincias y de la CABA fortalecer el presupuesto que haga posible ejercer plenamente estas acciones”.

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