Con esta decisión, las empresas perjudicaron al 40% más pobre del país, que utiliza este método para abastecerse.

El ministro de energía hizo “la vista gorda” y no sancionó a las empresas.

Según publico el periodista Alejandro Bercovich en la Revista Crisis: "para evitar que se profundizara el desabastecimiento que generó ese incumplimiento, Aranguren ordenó a Enarsa que proveyera gas importado (más caro) a las fraccionadoras a través de Transportadora Gas del Sur (TGS) al precio al que debían venderles las petroleras".

De esta manera el Estado terminó subsidiando las ganancias de las empresas y permitió que las garrafas de 10 kilos llegaran a costar hasta 180 pesos en aquellos barrios donde no hay red de gas natural.

Según los datos a los que tuvo acceso la Revista Crisis, quien avaló e impulsó los actos administrativos para que suceda esto fue el secretario de Hidrocarburos, José Luis Sureda, quien trabajo durante 15 años en Panamerican Energy (Una de las empresas que no entregó las garrafas)