Mauricio Macri tiene decidido conceder la mayor parte de la obra pública a constructoras de Estados Unidos, mediante uniones transitorias de empresas (UTE) con socios argentinos con roles secundarios.

El nexo es la Cámara de Empresarios de Estados Unidos (AmCham), cuyos directivos acompañaron esta semana las reuniones de Macri y el secretario de Estado de su país, John Kerry.

Ya hay firmas norteamericanas gestionando obras de envergadura. Según pudo saber LPO, emisarios del Gobierno mantuvieron reuniones con directivos de CH2 Hill, dedicada a la consultoría de construcción de obras públicas; y Progress Rail Services Corporation, uno de los más grandes proveedores de material ferrocarril del mundo.

Las nuevas UTEs estarían enmarcadas en las asociaciones pública-privadas que Macri pretende regular con una ley que aún están redactando sus asesores.

Pero lo que está claro es que las históricas caras de la patria contratista tendrán un lugar menor, una estrategia del presidente para evitar sufrir la persecución mediática que recae por sobre sus antiguos pares.

Como parte de ese proceso, enviará otro proyecto de ley para trasparentar las licitaciones y ejecuciones de las obras, con cambios significativos como eliminar cualquier pago adelantado a los beneficiarios.

Pero el rol preponderante que tendrán las firmas estadounidenses.

Uno de los más enojados es Eduardo Eurnekián, pronto a iniciar la central hidroeléctrica Chihuido en Neuquén, en sociedad con empresas de Rusia.

Con el cambio de reglas de juego que se viene, una UTE como esta difícilmente incluya rusos y el empresario armenio no sería su mayor accionista.

Macri los quiere de asistentes y tal vez su último gesto con amigos lo hizo con el decreto 797, que asignó una millonada de obras a la Ciudad de Buenos Aires, muchas adjudicadas a Esuco, propiedad de su primo Ángel Calcaterra.

Enterado de lo que se viene, Eurnekián mantuvo una dura discusión con Juan Carlos Chediack, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco)