La historia ya la conocés. La Argentina ha sido colocada en una insólita encrucijada: no puede pagarle a sus acreedores, a pesar de que tiene los fondos y la voluntad de hacerlo. ¿Culpables? La codicia de un par de fondos buitre y la irrazonable interpretación de la cláusula pari passu que hizo la Justicia de Estados Unidos. Default no es, ¿cómo llamar entonces dicha situación? Césación de cobro efímera, propone una consultora argentina. Si se resuelve recién en 2015, habrá sido una cesación de cobro transitoria. Hay un peligro: que degenere en los próximos meses en `default por aceleración' (muy difícil).

La consultora Ecolatina realizó un análisis de los tres posibles escenarios de ahora en más:

1) Cesación de cobro efímera:

Se sella en los próximos días, semanas o meses un acuerdo entre privados: bancos y/o empresas compran la deuda de los buitres. El inefable juez Griesa, que come galletitas en el almuerzo y le gusta tocar el clavicordio, desbloquea los fondos argentinos depositados en Nueva York. Cobran los bonistas. Fin del problema. Los efectos en la economía real son mínimos.

2) Cesación de cobro transitoria:

No habría acuerdo en 2014 y todo se dilataría hasta el próximo año, cuando el vencimiento de la cláusula RUFO facilitaría el logro de un acuerdo. Aún con un potencial arreglo en 2015, los costos del evento se harían sentir, pero no serían muy importantes.

3) Default por aceleración:

Además de la falta de arreglo este año, tenedores de títulos restructurados (los holdins) reunen el 25% del capital de los bonos, exigiendo su amortización acelerada en un plazo de 60 días. En este caso se rompería la lógica de que, si bien los acreedores no pueden cobrar, la Argentina paga (deposita) porque tiene capacidad de hacerlo. Por el contrario, el país no tendría divisas suficientes para hacer frente a estos vencimientos acelerados. Habría que reestructurar la deuda reestructurada en 2005 y 2010. La peor opción.

POSIBILIDADES

Para Ecolatina, la consultora que fundó Roberto Lavagna (que dicho sea de paso elogio la decisión de Axel Kicillof de no pagarle a los buitres), hay incentivos en todas las partes involucradas para el primer escenario. Los holdouts litigantes cobrarían y los bancos locales evitarían un fuerte daño en sus balances (al evitar la caída en los precios de las acciones bancarias, la retracción en las cotizaciones de los bonos en sus carteras y el achicamiento de la intermediación financiera como consecuencia de la menor actividad). En este caso, la propuesta privada (con la banca local o extranjera o incluyendo empresas) sería aceptada por los holdouts demandantes incentivados por el gatillamiento de los Credit Default Swaps (CDS) anunciado el viernes. De esta manera, considerando que los litigantes poseen dichos instrumentos en cartera, tienen una doble vía de ingreso: el cobro de los CDS y el monto fijado en el maldito fallo de Griesa.

De no materializarse ningun acuerdo entre privados, entraríamos en un escenario de cesación de cobro transitoria, el cual no constituye un default (dado que continuaría depositando lo adeudado), buscando dilatar las negociaciones con los holdouts litigantes hasta el vencimiento de la famosa clausula RUFO (los holdins no pueden recibir menos que los holdouts) en 2015. A partir del año entrante se podría alcanzar un acuerdo con los litigantes, pudiendo reiniciar (aunque con retraso) los pagos a los deudores reestructurados.

Pero la situación se complicaría considerablemente si, ademas de la falta de arreglo en 2014, se suma que los tenedores de títulos publicos reestructurados exigen el cobro completo del capital dentro de los dos meses posteriores al momento de entrar en cesación (escenario de default por aceleración). En este caso, toda la deuda de los canjes de 2005 y 2010 sería potencialmente exigible: 36.000 millones dólares, un monto imposible de afrontar para el país. No te asustes. Ecolatina, no ve incentivos a que el grueso de los acreedores busque una amortización acelerada dado que podría implicar un default generalizado, convirtiendo a los bonos en incobrables. "Más aún, consideramos que desde el punto de vista de los acreedores ésta es una alternativa sub-óptima, ya que esperando cinco meses podrían cobrar de manera normal", reza el informe que recibió En Orsai.