Por Javier El Profe Romero. La flexibilización del histórico candado impuesto tras la crisis de 2001 habilita a los bancos a prestar hasta un 15% de los depósitos en dólares a empresas que operan en pesos. El fantasma del descalce de monedas, las necesidades políticas ante las elecciones de primavera y la movilización social en las calles.
Fachada de la sede del Banco Central de la República Argentina y billetería en dólares. IA
Jueves 20 de agosto de 2026 | 10:53
Hay decisiones que se toman en silencio pero cambian la arquitectura de un régimen económico. El Gobierno de Javier Milei acaba de tomar una: la flexibilización del artículo 23 del decreto 905 del 2002. La norma establecía desde hacía casi un cuarto de siglo un candado sobre los depósitos en dólares de los ahorristas argentinos. Los bancos solo podían prestar esos dólares a exportadores, es decir, a empresas que efectivamente generaban divisas y que por lo tanto podían devolver el préstamo en la misma moneda en la que lo tomaban. Fue el candado que puso Eduardo Duhalde tras el estallido de 2001 y la salida forzada de la convertibilidad. Fue la respuesta institucional a una tragedia colectiva. Fue, sobre todo, un dique de contención para que nunca más los depósitos en dólares se convirtieran en el hueco por el que se drenaba el ahorro nacional.
A partir del cambio decretado esta semana, los bancos podrán prestar hasta el 15% de los depósitos en dólares a empresas no generadoras de divisas. Es decir, a compañías que operan en pesos, que facturan en pesos, que producen para el mercado interno. Empresas que si necesitan devolver un préstamo en dólares deberán comprar esos dólares en el mercado, presionando al alza al tipo de cambio. El propio Banco Central admite el riesgo. La operación se justifica desde el Ministerio de Economía como una forma de reactivar el crédito privado en un contexto de tasas altas y actividad estancada. Pero el mecanismo trae un fantasma que la memoria colectiva argentina no olvida: el descalce de monedas.
Cuando Duhalde asumió tras la salida de De la Rúa en enero de 2002, el sistema financiero argentino estaba fundido. La convertibilidad se había derrumbado. Los ahorristas descubrieron que sus depósitos en dólares no estaban en dólares, sino que habían sido prestados en pesos. La respuesta de la sociedad fue el cacerolazo, los cortes de calle, el "que se vayan todos". La respuesta institucional fue el corralito, después el corralón, después la pesificación asimétrica. En medio de todo eso, Duhalde pronunció una frase que quedó grabada en la memoria política nacional: "el que depositó dólares recibirá dólares". Fue el compromiso de reconstruir la confianza en el sistema financiero. Fue también la promesa de que nunca más los bancos podrían usar los ahorros de la gente para financiar operaciones que no fueran capaces de repagarse en la misma moneda. Ese fue el sentido original del artículo 23 del decreto 905 del 2002.
El sistema financiero argentino está inundado de dólares. Los depósitos privados en la moneda estadounidense rondan los 34 mil millones de dólares, uno de los stocks más altos de la última década. Ese ahorro no encuentra destino. Los exportadores tradicionales, principales tomadores del crédito en dólares, ya cubrieron su capacidad de endeudamiento. Los bancos tienen liquidez ociosa y presión de sus accionistas para ponerla a trabajar. En paralelo, el Gobierno necesita reactivar el crédito privado en una economía donde las tasas en pesos siguen siendo elevadísimas por la política monetaria antiinflacionaria. La ecuación política es clara: si el crédito no fluye, la actividad no repunta. Si la actividad no repunta, las elecciones de septiembre y octubre pueden ser una pesadilla para La Libertad Avanza. La flexibilización del artículo 23 es una manera de aflojar el corset sin devaluar y sin abandonar el ancla fiscal.
El descalce de monedas es la pesadilla histórica del sistema financiero argentino. Ocurre cuando los bancos toman depósitos en una moneda y prestan en otra, o cuando prestan en una moneda a clientes que no facturan en esa moneda. El resultado, cuando el tipo de cambio se dispara, es que los deudores no pueden pagar, los bancos quedan expuestos y el ahorrista queda del otro lado del vidrio. Fue lo que pasó en 2001. Fue lo que motivó el candado del 905. Con la flexibilización, ese riesgo vuelve a estar sobre la mesa. Es cierto que el porcentaje autorizado es acotado, un 15%. Es cierto que las condiciones macroeconómicas de 2026 no son las de 2001. Pero es cierto también que Argentina tiene una historia larga de innovaciones financieras que terminan mal. La memoria social de ese trauma no es un dato menor: es el motivo por el cual millones de argentinos guardan dólares debajo del colchón y no confían en el sistema bancario.
La medida se conoce el mismo día en que Milei habla en el Council of the Americas en Buenos Aires y en la víspera de su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario. No es casualidad. El mensaje a los inversores y al empresariado nacional es explícito: el Gobierno está dispuesto a mover piezas del régimen de 2002 para desbloquear el crédito. Los bancos privados, cámaras empresarias e industria automotriz, entre otros, celebraron la decisión. Los economistas heterodoxos y los sindicalistas advierten sobre el precedente. La CGT, las CTA y los movimientos sociales marchan esta tarde a las 14 al Ministerio de Economía por los cinco millones de familias endeudadas. La foto del día es esa: mientras la calle grita por endeudamiento familiar, el Central habilita a los bancos a poner los ahorros ajenos al servicio del crédito corporativo. La frase de Duhalde vuelve. El artículo 23 muta. Y el sistema financiero argentino cruza una raya que nadie había querido cruzar en veinticuatro años.
Fuentes consultadas y de verificación: