"La agitación permanente de algunos sectores del empresariado que proclaman que no hay 'seguridad jurídica' es un clásico discurso que lo único que esconde es la expectativa de obtener rentabilidades"

Seguridad jurídica es, para muchos empresarios, que nada obstaculice su posibilidad de maximizar sus ganancias. Vale aclararlo porque, lo que se deja ver en los discursos, podría dar la sensación equivocada de que, lo que se quiere es ajustarse a derecho, cuando no es así. Respetar las leyes es bueno, para ese sector de la economía, siempre que ese derecho no se interponga.

Por eso es que, en algunos países con una vasta regulación estatal, suelen decir que no hay seguridad jurídica, cuando en verdad la hay. Lo que no hay es una tómbola donde siempre gana el que tiene más poder de presión en el mercado.

Esos mismos sectores, que muchas veces elogian la economía estadounidense, parecen desconocer la enorme cantidad de regulaciones al comercio que existe en países del llamado primer mundo.  Se alinean, es cierto, con los sectores mas radicalizados de esos faros de poder económico mundial. Los mismos que por ejemplo, trabaron la reforma del sistema de salud en EE.UU. porque, según admitieron, asegurar el acceso a medicamentos para la población afectaba los intereses (ganancias) de los laboratorios privados.

“La agitación permanente de algunos sectores del empresariado" que critican los proyectos de ley del Ejecutivo para fortalecer el derecho de los consumidores solo busca "que no exista ningún tipo de limitación al accionar de los formadores de precios en los mercados”, estimó el secretario de Comercio, Augusto Costa quien aseguró en una entrevista a Tiempo Argentino que el paquete de proyectos de ley enviado al Congreso “brinda herramientas a los consumidores para que hagan un ejercicio pleno de sus derechos".

Además, las iniciativas favorecen "la capacidad del Estado de proteger a los eslabones más débiles de la cadena de producción y consumo: los pequeños productores y empresas, los consumidores y los trabajadores”, recalcó.

El funcionario resaltó el “consenso prácticamente unánime" de entidades gremiales y empresarias "con respecto a los beneficios que van a traer para todos los argentinos las leyes que defienden los derechos del consumidor”.

Lo hizo en referencia al proyecto de creación de un nuevo fuero judicial del consumidor, las reformas de las leyes de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia y la creación del Observatorio de Precios en el ámbito de la Secretaría de Comercio.

En tanto, lamentó que “los principales medios de comunicación del país” invisibilizaran “el sentido profundo de las propuestas” para transmitir los “cuestionamientos interesados de los representantes de los sectores más concentrados de la producción, la industria, el comercio y las finanzas”, respecto de la reforma de la Ley 20.680 del año 1974.

“Lo llamativo es que no se incorporan nuevas atribuciones a las que ya cuenta la Secretaría de Comercio, sino que por el contrario se limita, racionaliza y define más claramente la aplicación de las disposiciones de la ley”, destacó Costa.

“Atacando un grupo de leyes que brinda herramientas al Estado para defender a los actores más débiles de la sociedad (empresas pymes, consumidores y trabajadores), lo que está en el fondo de los cuestionamientos es el rechazo a un nuevo hito en el proceso de expansión de derechos sociales y económicos de la última década”, puntualizó el funcionario.

Costa enfatizó que "la agitación permanente de algunos sectores del empresariado que proclaman que no hay `clima` de inversión o que no existe `seguridad jurídica` es un clásico discurso que lo único que esconde es la expectativa de obtener rentabilidades extraordinarias y que no exista ningún tipo de limitación al accionar de los formadores de precios en los mercados".