La denuncia sostiene que el Gobierno de Javier Milei permitió el ingreso de efectivos militares estadounidenses sin la autorización previa del Congreso, una facultad que, según la presentación judicial, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo. El caso abrió un nuevo frente de conflicto institucional y reavivó las críticas por el alineamiento internacional de la administración libertaria.
Osvaldo Peralta // Lunes 06 de julio de 2026 | 20:59
La denuncia contra Javier Milei apunta al ingreso de tropas de Estados Unidos
El diputado nacional Juan Marino presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la autorización del ingreso de tropas de Estados Unidos al país para participar en los ejercicios militares “Daga Atlántica” y “PASSEX”. Según la presentación, el Gobierno habría actuado por fuera de los mecanismos previstos por la Constitución Nacional al habilitar esa participación mediante un decreto.
La denuncia sostiene que el ingreso de fuerzas extranjeras debía contar con la autorización previa del Congreso. Para Marino, el Poder Ejecutivo avanzó sobre una atribución reservada al Parlamento y debilitó los controles institucionales previstos para decisiones vinculadas con la defensa nacional.
Un cuestionamiento al uso del decreto presidencial
La presentación judicial señala como fundamento el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional y la Ley 25.880, normas que regulan el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino.
De acuerdo con la denuncia, el Ejecutivo permitió el ingreso de aproximadamente 70 efectivos estadounidenses durante 42 días para participar de maniobras conjuntas. También cuestiona la participación del portaaviones de propulsión nuclear USS *Nimitz* en operaciones vinculadas con la Zona Económica Exclusiva argentina.
Los delitos denunciados
El escrito presentado por Marino acusa al Presidente por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la patria.
La denuncia también alcanza a otros funcionarios que, según la presentación, habrían intervenido en la autorización de las maniobras militares.
El caso quedó en manos de la Justicia Federal
La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini. El patrocinio jurídico de la presentación está a cargo del constitucionalista Eduardo Barcesat.
En esta etapa, la Justicia deberá analizar si la denuncia reúne los elementos suficientes para impulsar una investigación, ordenar medidas de prueba o resolver su eventual desestimación.
Un nuevo conflicto político e institucional
La denuncia trasciende el plano estrictamente judicial. Para sus impulsores, el caso pone en discusión los límites de las facultades presidenciales y el rol del Congreso en decisiones vinculadas con la política de defensa y la soberanía nacional.
El episodio suma un nuevo foco de cuestionamiento sobre la política exterior del Gobierno de Javier Milei y alimenta el debate acerca del alcance de los decretos presidenciales en materias que la Constitución asigna expresamente al Poder Legislativo. Más allá del resultado judicial, el expediente vuelve a colocar en el centro de la escena la tensión entre el ejercicio del poder presidencial y los mecanismos de control institucional previstos por el sistema democrático.
Fuentes (formato APA)