Martes 16 de Junio de 2026
Jorge Macri le paga un sueldo de la Ciudad al Presidente del Colegio de Magistrados
Lisandro Ezequiel Fastman fue nombrado Coordinador.
Guillermo Carlos Delgado Jordán // Lunes 23 de diciembre de 2024 | 18:26
(Por Por Guillermo Carlos Delgado Jordan) A inicios de 2023, desde Noticias La Insuperable, te dábamos la primicia sobre el ilegal sueldo que cobraba (¿o cobra aún?) la Jueza María Eugenia Capuchetti, encargada de la investigación del atentado a Cristina Kirchner, de manos del Gobierno de la Ciudad, información replicada por todos los medios de la Argentina y que significó un escándalo, mostrando un entramado dadivoso de la política hacia la Justicia que nunca parece ser tal.
Con la «excusa» de ser investigadora del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad (ISSP), aquel que, entre otras cosas, forma a los futuros integrantes de la «Metropolitana», Capuchetti se llevaba dinero a sus bolsillos de los contribuyentes de CABA todos los meses. ¿Qué es lo que supuestamente investigaba? Nunca se pudo aclarar.
En el ISSP, en el año 2012, se creó un Observatorio de Políticas de Seguridad en el cual se desempeñaría Capuchetti, cosa totalmente ilegal ya que los jueces, fuera de sus funciones, están facultados únicamente para ejercer la docencia y con autorización de la Corte.
Con nuevas autoridades en el ISSP, este año se reestructuró el Observatorio y como hay «tanto trabajo», no tuvieron mejor idea que crear la figura de Coordinador de Investigaciones en dicha área que garantice y asegure el mantenimiento de sus estándares de calidad».
Y como esta gente parece hacer lo que se les canta sin importar la Justicia (total la manejan ellos) decidieron nombrar como Coordinador, a través de la RESOLUCIÓN N.º 521/ISSP/24, a Lisandro Ezequiel Fastman, nombre que a muchos puede resultarle desconocido pero que no es otro que Juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA así como Presidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad.
No solo no «docente», ni siquiera «investigador»; directamente funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. Y con sueldo correspondiente a la Categoría «Senior E».
Con 47 años y adherente acérrimo a la candidatura propuesta por Miulei de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en 2000. Fue pasante en el Área Legal de la Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2005. En 2013 fue designado a cargo del Juzgado N°14 (Contencioso, Administrativo y Tributario).
En 2022 juró como Juez de Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo ante la propia titular del TSJ, Inés Weimberg de Roca, quien fuera oportunamente la candidata de Macri a la Porcuraduría.
Cercano al Pro debido a su vínculo con el exjuez Guillermo Montenegro, ahora intendente de Mar del Plata, con el tiempo «se acercó al angelicismo«, indican desde LetraP.
En 2020 con la pandemia, falló en contra de la restricción de circulación a las personas de tercera edad de la Ciudad.
En 2016 fue el juez que dejó sin efecto una medida que prohibía «toda actividad comercial de baile con música» en el ámbito porteño, decidida por el juez Roberto Gallardo. “La Justicia hizo lugar a nuestro pedido y suspendió la disparatada medida de Gallardo que prohibía los bailes con música en la Ciudad.”, tuiteaba Larreta en ese entonces.
La Justicia hizo lugar a nuestro pedido y suspendió la disparatada medida de Gallardo que prohibía los bailes con música en la Ciudad.
— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 29, 2016
La medida se originaba por las muertes producidas en Costa Salguero durante una fiesta electrónica en el boliche Time Warp. Finalmente, las “fiestas” regresaron en 2017 a los boliches.
Tal vez una de las resoluciones más polémicas de Fastman en relación al gobierno de la Ciudad fue cuando, en plena pandemia, y luego de que Larreta recibiera las vacunas del gobierno nacional, el Jefe de Gobierno decidió priorizar la distribución a través de los privados. Una abogada presentó un amparo contra el accionar del gobierno de la Ciudad y Fastman lo rechazó.
En la resolución, el juez argumentó que “el objetivo del plan (de la Ciudad) es disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto socio-económico causados por la pandemia de Covid-19 en Argentina, a partir de la vacunación de la totalidad de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas” y añadió que “la vacuna será provista por el Estado Nacional para todos los que integren la población objetivo definida, independientemente de la cobertura que tengan” y que “se puede establecer un esquema de priorización para la organización de la vacunación de la población objetivo, considerando que la vacunación será coordinada desde el sector público con articulación intersectorial que incluye al sector privado, la seguridad social, alcanzando a toda la población que habita en el país”.
