En una nueva muestra de su arremetida contra las instituciones, el Gobierno de Milei anunció hoy el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Manuel Adorni, vocero presidencial, no escatimó críticas al calificar al organismo como inútil, afirmando que "no sirve absolutamente para nada". Un golpe más a la ya debilitada red de protección contra la discriminación.

El vocero expresó su impaciencia ante los "tiempos burocráticos" que impiden un cierre más rápido del Inadi. Sin embargo, las críticas no se limitaron a la velocidad del proceso, sino que también apuntaron directamente a la "idoneidad" de quienes lideran institutos gubernamentales, tildándolos de "cajas de la política o lugares para generar empleo militante".

Esta decisión del Gobierno se suma a una serie de medidas que evidencian una clara intención de desmantelar diversas instituciones, generando preocupación entre sectores que defienden los derechos y la igualdad. La pregunta que surge es ¿qué sigue en la lista del desguace gubernamental?

Rápido rechazo y acusaciones de discriminación: ¿Qué va a hacer Caputo con los recursos del Inadi?

Ante el anuncio, la oposición no tardó en levantar la voz en repudio. La senadora Teresa García, del Frente de Todos, cuestionó la destitución del Inadi y lanzó la pregunta incisiva: "¿Qué va a hacer Caputo con los recursos del Inadi?". El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó al gobierno de Milei de ser "el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática" al cerrar un organismo creado para combatir dichos flagelos.

La medida parece no solo ser interpretada como una simplificación administrativa, sino como un acto que socava los principios fundamentales de igualdad y lucha contra la discriminación, poniendo en duda el compromiso real del Gobierno con la diversidad y la inclusión.

¿Inadi para qué? El Gobierno desmantela un organismo vital para la lucha contra la discriminación

El Inadi, creado por la ley 24.515 en 1995, es un organismo descentralizado que opera bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Su objetivo principal es "elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo". Sin embargo, para el Gobierno de Milei, este instituto no merece su existencia.

A pesar de su cierre, es necesario recordar que el Inadi ha desempeñado un papel crucial en la aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios. Además, ha centralizado denuncias, brindado asesoramiento integral y gratuito a víctimas de discriminación, y ha llevado a cabo campañas de concientización.

La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno de Milei tiene un plan alternativo para abordar la discriminación y promover la igualdad, o si simplemente está desmantelando instituciones sin considerar las consecuencias en la lucha por una sociedad más justa e inclusiva. La incertidumbre crece mientras el Inadi se convierte en la última víctima de la vorágine del cambio gubernamental.