La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación comenzará este martes con el debate de la causa “Abuso de poder”, en el marco del encausamiento contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

En concreto, en la vigésimo tercera audiencia del juicio a la Corte, que comenzará con el análisis de la causa “Abuso de poder” se abordará el pedido de juicio político que realizó Unión por la Patria contra Rosenkrantz, en el que se denuncia que el juez incumplió la ley al no apartarse de los fallos en los que estaban implicados sus exclientes.

En rigor, el kirchnerismo realizó un pedido de juicio político contra Rosenkrantz porque supuestamente el juez, en su carácter de miembro y de presidente de la Corte Suprema, firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos. Según marca la ley, un magistrado no puede intervenir en casos en los que están implicados usuarios a los que anteriormente ofreció sus servicios, mucho menos si es integrante del máximo tribunal.

En este contexto, asistirán a la comisión de Juicio Político por la causa “Abuso de poder” los periodistas Ari Lijalad, por su nota del portal El Destape titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, y a Juan Alonso, por su nota del portal El Cohete a la Luna titulada “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”.

En la nota de Lijalad, el periodista expone que Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus exclientes en 3 fallos que involucran a Supercanal, 2 fallos que involucran a AMX (Claro), 1 fallo que involucra a la Clínica Estrada, 10 fallos que involucran a YPF, 5 fallos que involucran al supermercado DIA, 1 fallo que involucraba al Grupo América, 2 fallos que involucran a Pan American Energy y 1 fallo que involucra a Piero.

Mientras que, en la nota de Alonso se menciona un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe, en el que fueron reconocidos $151.000 millones por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán, y el gobernador Omar Perotti, en un acuerdo comprobado por la Corte Suprema. De ese total, entre un 15 y un 20% iría dirigido a los abogados.

Según el propio Alonso, entre los letrados que deben recibir el monto que oscila los $25.000 millones, aparece el nombre de Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat, y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra.

“El contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” estableció Alonso, que agregó: “El asunto no es menor, ya que desde la comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.

Es preciso mencionar que, en un principio, también se contempló incluir en el temario de esta reunión de Diputados el pedido de juicio político que realizó la Coalición Cívica en 2016 contra uno de los magistrados de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al cual acusó de enriquecerse ilícitamente.

En efecto, la denuncia contra Lorenzetti, que fue efectuada por la líder del partido Elisa “Lilita” Carrió y que se basa en documentación proveniente de AFIP, sostiene que el juez de la Corte Suprema llevó a cabo la ilegalidad por medio de rentas provenientes de un plazo fijo radicado en la filial estadounidense del banco suizo Credit Suisse. Sin embargo, la causa no tiene testigos citados para la audiencia de la comisión de Juicio Político de este martes, por lo que se descartó su análisis.

También, estarán en esta nueva edición de la Corte Suprema el secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario del máximo tribunal, Gustavo Naveira de Casanova, el abogado Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento, Maximiliano Rusconi, y el miembro de la vocalía de Horacio Rosatti, Roberto Saggese.

Cabe destacar que, Saggese estará el próximo martes ante la comisión de Juicio Político en el marco de la causa “Consejo de la Magistratura”, el anterior episodio del encausamiento contra la Corte Suprema, en el que se analizó el fallo de 2021 con el que el máximo tribunal modificó de 13 a 20 miembros la conformación del cuerpo judicial. La semana pasada, el testigo no se presentó a la citación.

El pasado 22 de septiembre, la comisión de Juicio Político abordó el fallo sobre el Consejo de la Magistratura, en donde la presidenta del ente de Diputados, Carolina Gaillard, explicó la hipótesis de Unión por la Patria en esa instancia del juicio a la Corte. Para los diputados peronistas, Rosatti asumió como presidente del máximo tribunal “de forma irregular” por medio de un “autovoto”, con el objetivo de asumir como líder del organismo encargado de seleccionar y designar jueces.

En detalle, en diciembre de 2021 la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura aprobada en el 2006, que estipulaba la reducción del cuerpo del ente de 20 a 13 miembros. Por ende, el organismo encargado de seleccionar y destituir jueces sufrió un aumento de integrantes, y quedó en manos de Rosatti, quien se había convertido en presidente del máximo tribunal en octubre de ese mismo año, es decir, dos meses antes del fallo.

En este marco, el bloque de Unión por la Patria consideró que existió una “cooptación del Consejo de la Magistratura” por parte de la Corte Suprema, y acusó al máximo tribunal de haber enviado el fallo diez días después de que el Ejecutivo nacional enviara un proyecto de reforma del organismo. “Demoraron el fallo para que salga cuando Rosatti detentara la presidencia de la Corte”, denunció.