La jueza Patricia López Vergara ha dado la razón de forma provisoria a las organizaciones de cartoneros al considerar que la "semántica y la estructura gramatical" utilizada por el Gobierno de la Ciudad en los pliegos "podrían configurar categorías sospechosas de discriminación".

Las organizaciones del sector han presentado un amparo denunciando el "trato ilegítimamente discriminatorio" que para ellos significaría la puesta en práctica del "servicio de relevamiento" con el que el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana busca proteger la "imagen de Ciudad Limpia".

La empresa que se quede con la licitación recibirá alrededor de 1526 millones de pesos a cambio de relevar "las condiciones que impactan en la higiene urbana en la vía pública de la Ciudad".

La jueza López Vergara ha hecho especial hincapié en el punto 3.2 de los pliegos, en el que se enumeran las "incidencias" a relevar de las "condiciones que impactan en la higiene urbana en la vía pública".

Entre los objetos a relevar se encuentran los residuos domiciliarios, de comercios e industriales, los restos de podas de jardín, los residuos voluminosos, los materiales descartados, así como la "presencia de asentamientos precarios producto de personas en situación de calle y presencia de recuperadores", es decir, cartoneros, realizando sus actividades.

El Frente de Todos (FdT CABA) considera que esta lista es un hecho grave y asegura que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta acusa a los cartoneros y a las personas en situación de calle de "contaminar" visualmente la ciudad.

El diputado Matías Barroetaveña ha presentado un pedido de informe para conocer cuál es el objetivo que persigue esta licitación. La justicia porteña deberá determinar si ordena derogar la medida de forma definitiva o autoriza al gobierno a implementar la licitación.