Por Néstor Espósito - canalabierto | Las explosivas declaraciones de la ex diputada de Juntos por el Cambio Elisa Carrió causaron un vendaval político que, curiosamente, no tuvo correlato judicial. Pese a que de sus palabras se desprenden posibles delitos cometidos por ex funcionarios que integraron el gobierno del que ella formó parte, y que la actual oposición cacarea su pretendido respeto por las instituciones, la transparencia y el combate contra la corrupción, no hay hasta ahora una sola denuncia judicial que proponga investigar si lo que dijo Carrió es cierto o, una vez más, producto de sus desvaríos, en ocasiones hasta místicos.

La Mesa de Entradas de Comodoro Py ya sabe cuándo y cómo se presentarán los “denunciadores seriales” con un recorte de diario, una grabación de radio o un video en formato MP4 para impulsar una acción judicial. El mecanismo es siempre el mismo: alguno de los medios que marcan agenda política (cosa que consiguen gracias a la acumulación y posición dominante que la Ley de Medios Audiovisuales buscaba frenar y que la Corte Suprema permitió profundizar con un fallo tramposo en 2013) lanza una información sobre la articulación de situaciones que parecen delictivas. Entonces alguno de los habitués de los tribunales federales de Retiro denuncia sin más prueba que ese recorte.

Hay de todo: fundaciones que son poco más (y muchas veces bastante menos) que un sello de goma, abogados con ansias de figuración (que venga asociada con nuevos clientes; al fin y al cabo, es publicidad barata), otros abogados que trabajan abiertamente para el poder real, dirigentes políticos de segundas y terceras líneas que aspiran a crecer y desarrollar sus carreras para vivir de lo mismo que critican y, por supuesto, fiscales que se enteran selectivamente de la existencia de un potencial delito y con la misma selectividad escogen cuándo actuar de oficio y cuándo aplicar el antiguo principio jurídico conocido como “me hago el boludo”.

No pasa un día en que el apartado “Sorteos” de la página de internet del Poder Judicial no cuente con al menos una presencia de alguno de ellos.

Pero esta vez, pese a que Carrió habló de “negociados”, “testaferros” y “falta de transparencia”; que incluso dio nombres y apellidos (Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior; Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados; Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno porteño y aspirante presidencial en 2023) y que hasta mencionó ámbitos oficiales (AySA) que pudieron ser escenarios de hechos reñidos con el Código Penal, ninguno reaccionó.

REPUBLIQUITA TRUCHISIMA ¿Quién y por qué le paga a Carrió los viajes por el mundo?

No hay una sola denuncia que pida investigar lo que dijo la líder de la Coalición Cívica. Ninguna, al menos, que haya identificado esas declaraciones, esos presuntos delitos y esos supuestos responsables.

¿Se trata de un repentino ataque de miopía, de un mal subrepticio que convirtió a los paladines de la lucha contra la corrupción en guerreritos de caricatura, tuertos y con la pólvora mojada?

Más bien parece una patética demostración de que, en realidad, no les interesa realmente combatir la corrupción como un fenómeno transversal. La “corrupción” es un concepto elástico que sirve como herramienta para atribuirla al enemigo político y para ocultarla cuando la comete el aliado o el amigo.

El ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté está procesado y en camino a juicio oral y público porque desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda durante la presidencia de Mauricio Macri recibió fondos para planes de vivienda y obras de infraestructura que no aparecen por ningún lado. La matriz del delito que se le atribuye no es muy diferente de la que afrontan los ex funcionarios imputados en la causa por la obra pública en Santa Cruz. Y no vale la comparación cuantitativa, porque la defraudación es defraudación, así sea de un peso o de mil millones. Sin embargo no sólo no hay amplificación mediática sobre ese hecho, sino que incluso un fiscal denunció al actual ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, porque no instruyó un sumario administrativo sobre los empleados que heredó y que pudieron haber estado involucrados con la maniobra que se le imputa a Ducoté, un intendente que es de la fuerza política contraria. Por si no se entendió: Ferraresi fue denunciado porque no investigó si empleados del Ministerio de Vivienda de la época de Cambiemos colaboraron con Ducoté para el supuesto desvío de fondos con los que debían construir casas.

Las denuncias públicas de Carrió involucran a Frigerio, quien estuvo al frente del Ministerio que recibía los fondos cuyo paradero se investigan en la administración de Ducoté. Lo que haga Frigerio con su vida privada es su problema, pero Carrió mencionó a una relación personal (“una amante”, dijo) que, además, pudo haber sido su “testaferro”. Y eso sí es la noticia de un delito.

Carrió no lo denunció (ni en su momento, cuando era funcionaria y estaba obligada, ni ahora). Tampoco llevaron la grabación a la Mesa de Entradas de Comodoro Py los denunciadores seriales, y mucho menos los fiscales. Seguramente mientras Carrió hablaba en televisión estaban viendo la historia de la “yegua” Santa Evita en una de las plataformas de streaming. Allí sí que había corrupción…

El ex presidente Macri y sus funcionarios tienen medio centenar de causas abiertas por supuestos hechos de corrupción durante la gestión entre fines de 2015 y fines de 2019. Ninguna de esas causas aparecen en los grandes medios de comunicación y, por supuesto, ninguna registra avances significativos en el Poder Judicial. Como la fábula del huevo y la gallina, no está claro si no avanzan porque no tienen repercusión, o no tienen repercusión porque no avanzan.

En rigor, ambas premisas son ciertas. Como sostiene el refranero popular, “entre bueyes no hay cornadas”.