La Justicia Federal determinó el procesamiento con prisión preventiva a siete de los once implicados por la megacausa por contrabando de soja a Brasil. La decisión fue del titular del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del juez Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, y fue notificada a las partes en la jornada del jueves, según se pudo saber en base a confiables fuentes consultadas

Según se reconstruyó, entre los más comprometidos por la investigación se encuentran el ex comandante de Gendarmería Marco Antonio Duette (50), quien hasta el día de su detención fue jefe del Escuadrón 9 Oberá, además de uno de los dueños de un imponente complejo turístico ubicado sobre la ruta provincial 2, en Florentino Ameghino, Santiago Marino (54).

Se determinó el embargo por 3 millones de pesos a cada uno y se dispuso la apertura de un nuevo expediente para investigar el delito de lavado de activos, dada la gran cantidad de bienes, vehículos, dinero incautados a los involucrados. Por esta razón se remitirán las actuaciones hechas hasta el momento a la Afip.

Asimismo, se dictó la falta de mérito de un efectivo de la Policía de Misiones que hacía adicionales en el puesto que la Agencia Tributaria de Misiones tiene en el paraje Centinela de San José, en el límite con Corrientes. El hombre, oriundo de Apóstoles, fue liberado pocos días después de las detenciones y allanamientos llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en noviembre del año pasado.

Los delitos e implicados

El procesamiento de más de 160 páginas, es por los delitos de asociación ilícita en concurso ideal con contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad. La organización funcionaba “incluso con anterioridad al año 2018 y que se mantuvo activa durante el tiempo de la presente investigación”, que duró aproximadamente unos 10 meses.

Además de los nombrados, la prisión preventiva alcanzó a Juan Carlos Tivano (68), Ricardo Fabián Gómez (47) – también gendarme con el rango de sargento -, Marcelo “El Mago” Da Silva (44), Ricardo “Caco” Hildebrandt (46) y Francisco Eladio Morel (61).

La misma acusación recayó sobre Fabio Sebastián Escher (37), quien en mayo se puso a derecho luego de que la Cámara Federal de Apelaciones le concediera eximición de prisión. Es decir, seguirá el proceso en libertad. También están libres Edgardo Skraba (55) y César Fernando Díaz (43), dos camioneros ahora procesados por tentativa de contrabando de exportación y falsificación de documento privado. A ellos se los detuvo con camiones cargados de soja.

En relación al cordobés Santiago Marino, dueño del complejo turístico, se lo procesó además con el agravante de organizador y por el delito de cohecho activo en concurso real. A los gendarmes involucrados además se los responsabilizó por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sumándole también el delito de cohecho pasivo para Duette.

Por disposición judicial, estos dos funcionarios públicos, Hildebrandt y Tivano (profesor universitario de Santa Fe jubilado y pareja de Marino) serán alojados en la cárcel federal de Candelaria una vez que el Servicio Penitenciario Federal disponga de lugres para ellos. Los demás cuentan con el beneficio de prisión domiciliaria por diferentes motivos.

La maniobra

Fuentes del caso señalaron que durante la investigación, a cargo de la Secretaría de Delitos Complejos del Juzgado, “se pudo confirmar la hipótesis de la denuncia inicial efectuada por la Procelac conjuntamente con la Fiscalía Federal de Oberá y llevada adelante por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

“El modus operandi de la organización consistía en la utilización de Cartas de Porte y Formularios CTG (Código de Trazabilidad de Granos) emitidas por personas físicas o jurídicas sin capacidad económica ni de almacenamiento ni de procesamiento, o con destinaciones falsas, a través de las cuáles se hacían figurar las adquisiciones, únicamente para dar la apariencia de legalidad al desplazamiento en ruta de las cargas”, expresaron fuentes judiciales.

Una vez que esos camiones ingresaban a la provincia desde distintos puntos del país y saltaban los controles esas cartas de porte eran eliminadas, modificadas. También los camiones se desviaban a destinos distintos a los declarados. Los vehículos, se pudo determinar, circulaban casi siempre con un peso muy superior al declarado y permitido.

Los efectivos de GNA eran los encargados de liberar la ruta nacional 14 y la ruta provincial 2 para que la soja llegue a destino sin inconvenientes. A su vez el ex jefe Duette ordenaba controles en lugares donde sabían que no circularían esos camiones o bien ordenaba liberar a los vehículos retenidos sin dar aviso a la Afip o a la Justicia.

Las cargas llegaban mayormente a El Soberbio o Colonia Aurora, donde se acopiaba en cercanías a la costa, se las cargaba en bolsas de 50 kilogramos y se las enviaban a Brasil en canoas por el río Uruguay.

El miércoles fue detenido el último implicado

Fuentes judiciales y policiales confirmaron que el último miércoles fue detenido el último de los implicados. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Oberá.

El imputado, identificado como Juan Carlos Skavinski, ya fue trasladado al Juzgado Federal de Oberá, donde completó la audiencia indagatoria y se abstuvo de declarar ante el juez interviniente.

Se le imputó el delito de asociación ilícita, contrabando agravado y falsificación de documentos.

Según se pudo saber, el hombre es un actor clave en la maniobra, ya que estaba a cargo de la Cooperativa de Trabajo con la que operaban la mayoría de los camiones que transportaban el producto.

El perjuicio impositivo

El contrabando se soja produce un considerable perjuicio fiscal.

Según estimaciones de la Afip que en el 2020 esta maniobra evadió por $139.652.145,35 (en concepto de IVA) y $465.507.151,16 (en concepto de Impuesto a las Ganancias).

Respecto del 2021 el perjuicio se estimó en $480.677.034,36 (IVA) y $1.605.256.781,20 (impuestos a las ganancias), a lo cual se suma el no pago de las retenciones a las exportaciones de oleaginosas y la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue.