(Por Gabriela Tijman) La iniciativa es impulsada por los diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) Federico Fagioli, Itai Hagman y Natalia Zaracho, referenciados con el Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois, y promueve la intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy «frente a las prácticas autoritarias en la provincia gobernada por Gerardo Morales».

La presentación pública será el lunes a las 14 horas y se transmitirá en vivo.

El objetivo de la iniciativa es «garantizar la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema democrático» en Jujuy «y de esa manera evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado Argentino». En concreto, el proyecto propone designar a un interventor federal y declarar «en comisión» a los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) –la Corte jujeña– y al titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, Sergio Lello.

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La intervención sería por un año, prorrogable por un año más «por resolución fundada del Poder Ejecutivo Nacional». Para que prospere, es preciso reunir los dos tercios de las cámaras. En marzo de 2020 el Senado discutió en comisión un proyecto similar impulsado por el senador jujeño Guillermo Snopek (FdT), que no llegó a obtener dictamen.

Fundamentos

En su fundamentación, el proyecto que se presenta este lunes hace referencia a las modificaciones en el Poder Judicial provincial que dispuso el gobernador Gerardo Morales desde que asumió su primer mandato, en diciembre de 2015.

Entre otros cambios, menciona la ampliación del STJ de cinco a nueve miembros que se concretó mediante una particular reforma legislativa en la que dos de los diputados que votaron la modificación, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, asumieron a los dos días como integrantes del máximo tribunal jujeño; mientras que un tercero de los que se sumaron al STJ fue Federico Otaola, actualmente presidente del Tribunal, también había sido legislador de la UCR y candidato a vicegobernador en la fórmula con Gerardo Morales en el año 2011.

El texto describe la situación actual, en la que, asegura, «el gobernador Gerardo Morales tiene la clara intención de vaciar el Superior Tribunal de Justicia para armar uno nuevo». Menciona las renuncias forzadas de tres de sus miembros y las denuncias presentadas contra otros cuatro.

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«Todo hace suponer que evaluó que el tribunal tal como estaba conformado ya no le serviría o no sería suficientemente funcional a su segunda reelección como gobernador, atento que para esto necesita además de una reforma constitucional el aval del poder judicial», analizan los legisladores.

Más adelante afirman que «Jujuy ha sido una matriz del modelo de armado de causas y uso político de la justicia», para pasar a detallar situaciones puntuales que justifican el pedido de intervención.

Bajo el título «La persecución sistemática a dirigentes políticos y criminalización de la organización social», reseñan de manera minuciosa el caso de Milagro Sala, detenida desde hace seis años y tres meses, y otros presos que permanecen privados de su libertad a pesar de haber cumplido los dos tercios de las condenas que recibieron; como también el hostigamiento y la persecución a otras organizaciones sociales y sindicales.

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Detallan luego algunas intervenciones de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos respecto de la situación en Jujuy, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos HUmanos (CorteIDH) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

Finalmente, hacen mención de las intervenciones federales a las provincias de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes, todas entre 1989 y 1999, como antecedentes a considerar en este caso.