"Se está perdiendo la seguridad jurídica. En 2018, la Legislatura aprobó el Código Urbanístico alegando previsibilidad morfológica, es decir que todos sepamos la altura de cada área ambiental. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad promueve y fomenta incumplir el marco jurídico", dijo la arquitecta en diálogo con Télam.

La especialista indicó que "se encuentra vigente un código urbanístico que establece la capacidad constructiva y los usos de cada distrito", pero "el Gobierno de la Ciudad está promoviendo que los desarrolladores propongan negocios inmobiliarios con mayor capacidad constructiva que la permitida a cambio de dinero" y "esa disfunción morfológica la padecen los vecinos linderos", advirtió.

La semana pasada, Juntos por el Cambio, el interbloque oficialista en la Legislatura porteña, logró aprobar cuatro proyectos inmobiliarios del Poder Ejecutivo, entre ellos un expediente que contiene 10 convenios urbanísticos con empresas privadas para construir torres con más altura de lo permitido en parcelas de varios barrios.

Además, los diputados sancionaron un "régimen especial de regularización" de obras que fueron realizadas en contravención del Código Urbanístico y de Edificación, que permitirá legalizarlas a través del pago de una multa.

En la misma sesión, también votaron la habilitación para construir edificios privados en los predios ribereños Costa Salguero y Punta Carrasco, que pertenecen al Estado local, y un acuerdo con la empresa IRSA para que esta firma inmobiliaria construya un nuevo barrio, "Costa Urbana", en la ex Ciudad Deportiva de Boca, que tiene 71 hectáreas, también se encuentra sobre el Río de la Plata y estaba habilitada sólo para "equipamiento deportivo".

Sobre Costa Salguero, la especialista afirmó que "se vulnera además la Constitución de la Ciudad, que dice que la costa tiene que ser pública y de libre acceso".

"Los espacios públicos nos permiten una mejor calidad de vida a todos, sin distinción de clases sociales, edades, géneros. Todo proyecto que nos vaya quitando el contacto con la naturaleza nos perjudica", añadió.

"De a poco van despojándonos de calidad de vida, pero no podemos acostumbrarnos, tenemos que salir de esta inercia donde el mercado fija la pauta de cómo tiene que ser la ciudad. El rol del Estado es ponerse firme y encausar al mercado de manera que le convenga a la mayoría. Gobernar es defender el bien común, no gestionar negocios", sostuvo.

Sobre los efectos urbanísticos de este paquete de proyectos, advirtió que "la cantidad de metros cuadrados que van a construirse" requerirán "una infraestructura muy cara" que terminarán pagando "todos los vecinos" que tienen "otras necesidades, como la de terminar las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo".

"Sin embargo, están priorizando hacer infraestructura para viviendas de lujo: obras que no necesitamos con recursos que no tenemos", agregó.

El proyecto Costa Urbana es promocionado por IRSA como un barrio de "perfil residencial" que "levantará el nivel general del área".

Cercano a Puerto Madero y con capacidad para unas 6.000 viviendas, el nuevo barrio tendrá también "tiendas, oficinas, hoteles, clubes deportivos y de yates", anuncia la empresa en su sitio web.

En referencia a Costa Urbana, la arquitecta alertó que "las áreas ribereñas son frágiles al cambio climático", ya que son zonas de "amortiguación entre el paisaje natural y el paisaje artificial de la ciudad, y esta masa construida sobre el borde del río genera perjuicios ambientales relacionados con el escurrimiento de las aguas de lluvia y el aumento del efecto isla de calor".

Sobre las consecuencias de este emprendimiento desde el punto de vista social, explicó que "la cantidad de metros cuadrados que se construyen para hacer viviendas de lujo no resuelven el problema del hábitat digno, porque se convierten en reserva de valor para grupos económicos y terminan alterando el valor del metro cuadrado en la ciudad".

"Como consecuencia, impactan en la dificultad del acceso a la vivienda: aumentan los alquileres y la dificultad para comprar una primera vivienda", concluyó Rossen. (Télam)