El dato se desprende de un relevamiento realizado por la campaña "Costanera Verde Pública", que reúne a organizaciones ambientales y políticas como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, La Defensoría de Laburantes y la CTA-Autónoma, entre otros.

La audiencia tuvo en total 14 jornadas y comenzó el 15 de octubre último, y de acuerdo al relevamiento, solo 14 oradores se manifestaron a favor del proyecto de IRSA.

Los principales argumentos que los vecinos y referentes expusieron para rechazar el emprendimiento inmobiliario fueron su "impacto ambiental negativo" y su contribución a "profundizar la crisis habitacional" en la ciudad.

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"Humedal sí, torres no. No al pacto Rodríguez Larreta-IRSA. No a la especulación inmobiliaria, sí a la vivienda popular y digna", dijo hoy uno de los oradores, Esteban Paulino García, de la Comuna 4.

El proyecto de IRSA para la ex Ciudad Deportiva consiste en un nuevo barrio con el nombre "Costa Urbana", que tendrá unas 6.000 viviendas, además de comercios, hoteles y un amarradero de yates.

El nuevo barrio ocuparía 24 hectáreas de las 71 que tiene el predio, ubicado a orillas del Río de la Plata y lindero con la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Los argumentos ambientales para rechazar el emprendimiento se refirieron principalmente a las funciones ecológicas de los humedales, ya que en ese ecosistema se encuentran tanto la ex Ciudad Deportiva como la Reserva Ecológica.

"Los humedales, en su estado natural, cumplen funciones de vital importancia para el medio ambiente y la salud que son imposibles o costosas de reemplazar", dijo Graciela Falivene, investigadora y docente de la Universidad de Concepción del Uruguay.

Entre esas funciones, Felivene mencionó las de "proteger la calidad del agua" y "proporcionar un medio natural de control de inundación".

Otra oradora, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, apuntó que los humedales "permiten el ingreso de los vientos y las brisas desde la costa para mitigar el efecto de isla de calor urbana".

Además, ambas advirtieron que el barrio de IRSA afectará a la Reserva Ecológica, un humedal protegido por normas internacionales, ya que es uno de los sitios de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental establecido por la ONU para preservar estos ecosistemas.

Por otro lado, los vecinos advirtieron que "Costa Urbana" contribuirá a encarecer el valor de la vivienda en la ciudad, ya que, por su cercanía con Puerto Madero, se proyecta como un barrio de lujo.

"Este tipo de proyectos encarecen las tierras, profundizando la crisis habitacional, porque con viviendas más caras, los alquileres son más caros y el resultado es la gentrificación", afirmó Fernanda Freijomil.

Según informa IRSA en su sitio web, con el proyecto "Costa Urbana" se busca "completar el desarrollo urbano de Puerto Madero" a través de un "nuevo vecindario que pretende aumentar el nivel general del área".

"Vienen a presentarnos torres de lujo a las que podrán acceder unos pocos", dijo Joaquín Braude.

El convenio urbanístico entre IRSA y el Gobierno de la Ciudad contempla que, a cambio de la autorización para construir edificios de hasta 45 pisos, en un predio habilitado actualmente solo para equipamiento deportivo, la empresa cederá una parte del terreno como espacio público y se encargará de su mantenimiento por 10 años.

Además, la empresa dará una contraprestación económica al Ejecutivo local.

Al respecto, Viviana Miglioli, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, dijo que "este acuerdo es desventajoso para la Ciudad de Buenos Aires, para la calidad de vida de sus habitantes, sus intereses materiales y ambientales; además de que viola toda la legislación posible y carece de legitimación por parte del pueblo".

Respecto a la legislación, varios de los vecinos que intervinieron en la audiencia mencionaron que, según la Constitución de la Ciudad, la ribera porteña del Río de la Plata debe ser "pública y de acceso irrestricto", además de que obliga al Estado local a "preservar e incrementar" los espacios verdes costeros. (Télam)