LLAMADO A DEFENDER LA SUPERVIVENCIA DE LA ARGENTINA Y LA RECUPERACIÓN PRODUCTIVA NACIONAL

Como destacó el ministro Guzmán dirigiéndose a los grupos de inversión tenedores de deuda ante el inminente vencimiento de la propuesta, que incluye un periodo de gracia de 3 años, una reducción del 5,5% del capital de los bonos y una reducción del 62% de los pagos de intereses el Gobierno argentino no está “pidiendo a nuestros acreedores que pierdan, sino que ganen menos" en un contexto global dramáticamente afectado por la crisis.

Desde APYME coincidimos en que en tales condiciones no es sustentable económica, social ni éticamente comprometer recursos para el pago de una deuda cuya restructuración es puesta en peligro por una fracción de los bonos que se encuentra en manos de reconocidos grupos de oportunistas multinacionales y que en su momento no fue destinada al desarrollo del país sino a solventar ruinosas políticas especulativas.

El acuerdo propuesto por el Gobierno beneficia, en las condiciones actuales, a los bonistas que apuesten al mediano y largo plazo a nuestro país, porque revaloriza los bonos que están en su poder. Al país lo posiciona como un deudor respetable, que promete lo que puede cumplir y por eso propone una baja razonable de la tasa.

Hoy, en un marco de fuerte caída de la actividad económica, el Estado nacional está realizando un esfuerzo notable al destinar un 5,6 por ciento del PBI a la asistencia de los sectores afectados por la crisis, con medidas que se van acordando de acuerdo con legítimos reclamos y necesidades.

Aceptar la posición de los bonistas que adelantan su negativa significaría en los hechos contraer aún más la economía y condenar a la extinción a empresas de todos los rubros, cooperativas, trabajadores, cuentapropistas, profesionales que están sufriendo los efectos de las medidas de emergencia adoptadas oportunamente. Y, para mayor gravedad, desfinanciar en un momento crucial los sistemas públicos de salud, previsional, de educación y ciencia.

APYME se suma a las numerosas fuerzas productivas, políticas y sociales que hoy llaman a defender una renegociación que permita a nuestro país atravesar la emergencia preservando vidas, trabajos y recursos productivos y apostar a un camino de recuperación del aparato productivo nacional con la acción de un Estado activo, presente, equitativo y soberano.