S.O.S. ARGENTINA

Lo que crece: procesos preventivos de crisis, concursos y quiebras (2016-2018)

El caso del proceso preventivo de crisis de Coca Cola instaló en la agenda un tema central sobre la continuidad del aparato productivo argentino: la enorme cantidad de empresas que ingresan en procesos preventivos de crisis, concursos preventivos y quiebras.

Lo que crece: procesos preventivos de crisis, concursos y quiebras (2016-2018)

agenciatimon.com // Martes 26 de febrero de 2019 | 16:23

En las últimas semanas se conocieron los casos del proceso preventivo de FATE perteneciente al grupo Aluar (familia de Madanes Quintanilla), Editorial Atlántida y la aerolínea low cost Avianca, la cual entró tanto en proceso preventivo de crisis como en concurso de acreedores en 2019.

También se destaca el concurso de la empresa de transportes ERSA. Un caso de enorme resonancia en 2018 había sido el ingreso a proceso preventivo de crisis de la cadena de supermercados francesa Carrefour, que originalmente se dio a conocer en abril de 2018 (incluso antes de la debacle económica marcada por la suba del dólar) y tiene enorme relevancia tanto por el tamaño de la cadena, como por la caída de ventas en supermercados que se publicó en noviembre (retroceso del 12% interanual).

Por otro lado, el café porteño y librería Clásica y Moderna fue otro caso de comercio que entra en crisis y fue desalojado por no pagar el alquiler, lo que abrió el debate público sobre la inviabilidad de una enorme cantidad de comercios en la capital y la zona metropolitana. Se estima que sólo en enero cerraron 2536 comercios en la zona metropolitana (82 por día).

La recesión económica que Argentina atraviesa técnicamente se inició en el mes de septiembre de 2018 cuando el EMAE-INDEC arrojó seis caídas consecutivas del producto, lo que equivale a dos trimestres seguidos de retroceso en la actividad (el segundo y el tercero del año pasado). Los meses de octubre y noviembre de 2018 fueron incluso peores, y aún resta la publicación del EMAE del mes de diciembre con similares expectativas de caída. La política de altas tasas re-inaugurada el 1 de octubre luego del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene fuertes vínculos con este proceso de retracción en la actividad, afectando las ventas de las empresas y la propia viabilidad del sector productivo por el alto costo de financiamiento.

Si bien en todos los casos se hace referencia a situaciones de insolvencia de las empresas, si nos remitimos a la definición jurídica se debe hacer una diferenciación entre los procesos preventivos de crisis, los concursos preventivos y las quiebras. El Procedimiento Preventivo de Crisis es una solicitud ante la Secretaría de Trabajo realizada en los términos del Artículo 98 de la legislación en vigor por las personas Jurídicas o entidades gremiales cuando se afecte a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores ya sea por razones de suspensiones o despidos y cuya finalidad es encuadrar una solución que evite o disminuya estos efectos.

Los procesos preventivos de crisis se están convirtiendo, además, en formas de avanzar en la flexibilización laboral de facto. Esta herramienta es una forma de avance en “reconversiones” y ajustes que las grandes empresas buscan aplicar, ante la imposibilidad que el ejecutivo encuentra en el tratamiento parlamentario de una legislación reducida en derechos laborales, la reforma laboral. Distintos sindicatos han advertido esta segunda intención que las grandes empresas persiguen al presentarse en la Secretaria de Trabajo: la búsqueda del visto bueno gubernamental para ajustar.

En este informe analizamos datos proporcionados por la Secretaría de Trabajo de la Nación para los pedidos de procesos preventivos de crisis, como así también una amplia base construida especialmente por CEPA tomando los datos publicados en los Boletines Oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, que detallan las empresas y personas a las que la justicia les decretó la apertura del concurso preventivo, por un lado, y la quiebra por otro, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires.

Sale REPRO, entra procesos preventivos de crisis

El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), artículos 98 y subsiguientes de la ley 24.0134, fue promulgado en la década de 1990 y establece un ámbito distinto al Concurso Preventivo o Quiebra, donde se pudiera negociar entre las partes (empresa y trabajadores) la forma de continuar con la actividad sin que hubiera despidos masivos y cierres de establecimientos. El texto de la ley indica que “Con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de causa económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de los trabajadores de empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 4000 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis (Ley 24.013/91, art. 98)”. El ámbito de reunión del PPC es el Ministerio de Trabajo.

El estudio muestra la evolución de los pedidos de PPC desde 2005 en adelante frente al Ministerio de Trabajo (actualmente con menor jerarquía, siendo Secretaría). El año 2018 fue el que mayor número de presentaciones registró (108 en total), con una tendencia notoriamente creciente desde 2015. En total, desde 2016 a 2018 se registraron 246 pedidos de procesos preventivos de crisis. Sin embargo, las diferencias no son puramente cuantitativas, ya que hasta 2018 nunca se había homologado en la práctica un PPC. En muchos casos, se trataba de prácticas fraudulentas de las empresas que pretendían disminuir los costos laborales. A partir de 2018, comenzaron a homologarse PPC dentro de los cuales sobresale el caso de Carrefour. En dicha oportunidad el secretario general de Empleados de Comercio, Armando Cavallieri, negoció un acuerdo que contó además de la presencia patronal, del propio presidente de la Nación Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. El acuerdo arribado permitió bajar costos para la cadena de supermercados, abrir retiros voluntarios y flexibilizar ítems del convenio colectivo. Otro de los procesos preventivos de crisis aprobados por el Ministerio de Trabajo en 2018, involucró a la aerolínea Avianca. En palabras del CEO de la empresa en Argentina, Carlos Colunga, “la empresa queda eximida de pagar cargas sociales al Estado y podemos ir conversando con los pilotos para ver quienes arreglan su desvinculación mediante un retiro voluntario o acordar de qué manera podemos enfrentar la situación, pero seguir así es imposible”.

Hasta el 2016, en los casos que se trataran de crisis genuinas, la política oficial era promover los denominados REPRO (Programa de Recuperación Productiva) con los que se proveía una asistencia salarial a las empresas por medio de una suma fija mensual remunerativa de hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil por trabajador actualizado a la fecha de otorgamiento, por un plazo de hasta 12 meses y con la posibilidad de extenderlo por 12 meses más, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral correspondiente. Entre 2015 y 2017, según datos de la cartera laboral, la cantidad de beneficiarios del programa REPRO disminuyó 20%, se concentraron en menos empresas y el monto destinado al programa disminuyó en términos reales. Esta disminución, lejos de relacionarse a una mejora en la situación laboral se debió al incremento en los requisitos exigidos a las empresas y a la diminución de los plazos aprobados (que pasaron en promedio de 12 meses a 3 meses). De hecho, desde el entonces Ministerio desalentaron su uso bajo el argumento de que “promueve la competencia desleal”.

Tres años de aumentos en los concursos y las quiebras

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires representan el 52% del total de empresas registradas en el país. Analizar la evolución y comportamiento de estas jurisdicciones resulta por este motivo relevante y representativo de la situación general. En el Gráfico 2 y Gráfico 3 podemos apreciar que desde el inicio de la gestión Cambiemos se ha presentado un incremento sostenido tanto de las quiebras, como de los concursos decretados por la Ciudad y Provincia de Buenos Aires en forma conjunta. Respecto de la evolución de las quiebras, las mismas se incrementaron 8% en 2017 (respecto del año anterior) y 11% en 2018. Los concursos, por su parte aumentaron también 8% en 2017 y 62% en 2018 las dos jurisdicciones mencionadas.

Para poner en perspectiva lo acontecido durante 2018, en el peor momento de la crisis de 2002 entraron en concurso o quiebra en promedio 7,8 empresas por día, mientras que en 2018 entraron en concurso o quiebra en promedio 3,2 empresas, aunque solamente considerando la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires (con lo cual la comparación es parcial dado que falta contabilizar el resto del país).

La investigación muestra la evolución de las quiebras con un mayor grado de desagregación, considerando cada uno de los trimestres del año y se verifica que, en términos interanuales, cada trimestre comparado supera al anterior en cantidad de quiebras. Como datos llamativos, en el primer trimestre de 2018 el incremento de quiebras decretadas fue de 39% respecto del mismo periodo de 2016, pasando de 104 a 145 casos. Otro momento de aceleración se produjo en el tercer trimestre de 2018 donde el incremento de quiebras decretadas fue de 38%, pasando de 160 a 221 casos, respecto de 2016.

Con relación a los concursos, en el segundo trimestre de 2018 se produce un fuerte incremento de 192%, pasando de 41 a 120 casos comparando respecto del mismo trimestre de 2016. Cabe aclarar que, si bien es plausible revertir un pedido de quiebra y reconvertirlo a Concurso Preventivo para reestructurar los pasivos, estas situaciones son de carácter marginal tanto en cantidades de pedidos como en el éxito de estos.

Si bien existen estacionalidades propias del funcionamiento del sistema judicial y hay procesos de quiebra que se perpetúan en el tiempo, por lo cual existen marginalmente resultados obtenidos que se refieren a procesos comenzados en períodos más alejados en el tiempo, la evolución trimestral muestra una clara correlación en la cantidad de concursos y quiebras con la crisis cambiaria iniciada en abril de 2018, como así también con la caída en la actividad económica y la retracción del consumo. Asimismo, es posible aventurar que las medidas tomadas por el gobierno y el Banco Central para frenar la corrida cambiaria, que implican la elevación de la tasa de interés, tenderán a exacerbar las dificultades de las empresas en crisis por la dificultad de renegociar los pasivos y reactivar las ventas. Un punto adicional es que dado que el proceso concursal constituye una instancia previa que puede derivar en una declaración de quiebra, considerando la evolución reciente de los concursos y su gran incremento en 2018, de cara a los próximos meses es esperable que se incremente el registro de quiebras.

Conclusiones

En los últimos tres años (2016, 2017 y 2018) el impacto negativo de la actividad económica se hizo sentir en un número importante de empresas que entraron en procesos preventivos de crisis (246 casos), concurso preventivo de acreedores (805 casos en CABA y PBA) y quiebras (2.177 casos en CABA y PBA).

Según la Secretaría de Trabajo, entre 2016 y 2018 se presentaron a proceso preventivo de crisis 246 empresas, siendo solamente 108 los casos en 2018, el valor más alto desde 2005. Se registra un cambio cualitativo de política pública en términos laborales: lejos de propiciar el sostenimiento del empleo en un contexto de caída de la actividad, los procesos preventivos de crisis están oficiando sólo de protocolo administrativo para autorizar despidos. No están cumpliendo el objetivo de propender a la resolución de los problemas de fondo en materia de viabilidad económica, cuidando los puestos de trabajo como objetivo en última instancia. Esta lógica se ubica en línea con la desjerarquización de la política laboral a partir del pasaje de Ministerio a Secretaría, y con la aplicación de una política pro empresarial explicita que se manifestó en el veto de la ley antidespidos en 2016 y en el abandono de mecanismo protectores como los subsidios al empleo (REPRO), por mencionar sólo dos hechos relativos al tema del informe.

Los procesos preventivos de crisis se están convirtiendo, además, en formas de avanzar en la flexibilización laboral de facto. Esta herramienta es una forma de avance en “reconversiones” y ajustes que las grandes empresas buscan aplicar, ante la imposibilidad que el ejecutivo encuentra en el tratamiento parlamentario de una legislación reducida en derechos laborales, la reforma laboral. Distintos sindicatos han advertido esta segunda intención que las grandes empresas persiguen al presentarse en la Secretaria de Trabajo: la búsqueda del visto bueno gubernamental para ajustar.

El caso de los concursos de acreedores es una instancia diferente, ya no es un recurso administrativo y frente a la autoridad laboral, sino ante la justicia. En el presente informe registramos un aumento muy relevante de la cantidad de empresas en concurso. En CABA y PBA (que representan 52% de las personas humanas y jurídicas) 485 personas jurídicas y 320 humanas entraron en concurso de acreedores. El punto final de este proceso (aunque no necesariamente deba ser así) es la quiebra de las empresas: 1.334 personas jurídicas y 843 humanas entraron en proceso de quebranto en los tres años comprendidos entre 2016 y 2018.

Si efectuamos el total del periodo 2016 a 2018 (tres años), se registran 2.982 personas (jurídicas o humanas) con alguna problemática de concurso preventivo o quiebra en CABA y PBA. Respecto de la evolución de las quiebras, las mismas se incrementaron 8% en 2017 (respecto del año anterior) y 11% en 2018. Los concursos, por su parte aumentaron también 8% en 2017 y 62% en 2018 las dos jurisdicciones mencionadas.

Para poner en perspectiva lo acontecido durante 2018, en el peor momento de la crisis de 2002 entraron en concurso o quiebra en promedio 7,8 empresas por día, mientras que en 2018 entraron en concurso o quiebra en promedio 3,2 empresas, aunque solamente considerando la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, jurisdicciones que representan en conjunto el 52% de las empresas registradas en el país. Esto podría implicar que, si se respetara la proporcionalidad haciendo una sencilla estimación, se trataría de más de 6 casos diarios de concursos y quiebras a nivel nacional.

En total, si se considera el agregado de CABA y PBA, el 61% tanto de las quiebras (1.334 casos), como los concursos (485 casos) corresponden a personas jurídicas, mientras que el 39% (843 casos y 320 casos respectivamente) corresponden a personas humanas.

Considerando las quiebras por actividad económica entre 2016 y 2018 se evidencia que los rubros Manufacturas y Consumo, Construcción, Servicios Profesionales y No Profesionales explican el 66% de las quiebras. Esto se eleva al 85,5% si se incluyen los Servicios de Comercialización e Intermediación. Manufacturas y bienes de Consumo se encuentran a la cabeza, explicando uno de cada cuatro quiebras. Dentro de esta última, el peso del sector indumentaria, textil y calzado, es el mayor con un 30% de esta agrupación, mientras que los mayoristas representan el 37% de los Servicios de Comercialización e Intermediación.

Analizando estos datos en grandes sectores de actividad tanto en las quiebras como en los concursos de acreedores, los más afectados son Servicios (1.091 y 400 casos respectivamente), Comercio (486 y 151 casos) e Industria (401 y 162 casos).

Si en cambio se analiza la evolución sectorial en el tiempo, el mayor número de incremento en las quiebras se dio en Servicios con 45% de incremento (pasó de 299 casos en 2016 a 435 casos en 2018), sector Primario con 44% de incremento (pasando de 25 casos en 2016 a 36 casos en 2018) e Industria con 44% de incremento en el número de quiebras (pasó de 39 casos en 2016 a 84 casos en 2018). Con relación a los concursos surge que el rubro más afectado es Industria con 112% de incremento pasando de 39 casos a 86 entre 2016 y 2018, Servicios con 90% (96 casos en 2016 y 183 casos en 2018) y Comercio con 48% (48 casos en 2016 y 71 casos en 2018).

Con estos resultados expuestos en el informe, es posible adelantar que las medidas tomadas por el gobierno y el Banco Central para frenar la corrida cambiaria a partir del 1 de octubre de 2018 –que implican, entre otras decisiones, la elevación de la tasa de interés-, tenderán a exacerbar las dificultades de las empresas en crisis por la dificultad de renegociar los pasivos y reactivar las ventas. Un punto adicional, es que dado que el proceso concursal constituye una instancia previa que puede derivar en una declaración de quiebra, la evolución reciente de los primeros presenta esperables incrementos en los quebrantos en los próximos meses, considerando el incremento sustancial de concursos preventivos registrados el tercer y cuarto trimestre de 2018.

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