(Por Vanina Lombardi)  Agencia TSS – “La minería de litio genera una problemática porque es un mineral que sirve para avalar una transición energética necesaria, representa una mezcla entre el gran potencial de las energías renovables y una sociedad más limpia frente a muchas catástrofes civilizatorias que hemos tenido desde el antropoceno en adelante”, dijo Melisa Argento, autora de uno de los capítulos del libro “Geopolítica del Litio”, junto con su colega Florencia Puente, y advirtió que “el problema es que este mineral está ubicado en territorios que tienen otras lógicas y formas de vida, y sobre todo, una autonomía territorial avalada por los derechos nacionales, internacionales e incluso provinciales, aunque todavía no existe una lógica democrática en la que estas comunidades tengan voz y voto”.

Prueba de ello fueron las movilizaciones y reclamos que realizaron más de 20 comunidades originarias de Salinas Grandes, en Jujuy, en defensa de su territorio, tras advertir que una empresa estaba realizando trabajos de exploración en busca de litio en la cuenca de la Laguna Guayatayoc, de los cuales no habían sido informados. “Preguntábamos por todos lados pero no había información certera para llegar al lugar, así que decidimos ir al territorio y verificar. De hecho, pensábamos que eran Ekeko y Luis Losi –dos empresas que ya están realizando exploraciones en otras partes de la Puna jujeña–, pero cuando llegamos al territorio no era ninguna de las dos”, le dijo a TSS Clemente Flores, representante de una de comunidades que llegaron a principios de febrero hasta el lugar en el que la empresa AIS Resources estaba realizando trabajos de exploración, en un sector de esa Laguna llamado Pozo Dulce (ubicado sobre la ruta provincial 79, a 30 kilómetros del cruce con la ruta provincial 52).

“Pudimos hablar con los trabajadores, nos dijeron que la empresa que estaba ahí era tercerizada, que los contrataron exclusivamente para hacer el pozo y que no sabían nada de lo que había pasado con las comunidades ni quién había dado el permiso para los trabajos”, dijo Flores y afirmó que entonces les entregaron una nota destinada a los responsables de la compañía, en la que les solicitaban la interrupción de los trabajos iniciados, puesto que no se había cumplido con el proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, tal como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Pudimos hablar con los trabajadores, nos dijeron que la empresa que estaba ahí era tercerizada, que los contrataron exclusivamente para hacer el pozo”, dijo Flores, representante de una de las comunidades que llegaron hasta el lugar de exploración.

Días más tarde, las comunidades se alegraron al ver que las máquinas se habían retirado de Pozo Dulce y compartieron la buena noticia. La empresa, por su parte, también celebró, casi en el mismo momento, que había concluido la excavación del pozo. En su página web, en inglés, publicaron que el 7 de febrero (día en que las comunidades se acercaron a otro cruce de rutas interprovinciales para difundir sus preocupaciones entre los conductores que pasaran por el lugar) tomarían muestras de salmuera a 400 metros de profundidad, para determinar durante el fin de semana su porosidad y permeabilidad. Unos días después, el 11 de febrero, la empresa anunció que los resultados de las muestras analizadas eran “excelentes” y que, en lo que queda del mes, esperan obtener los permisos correspondientes para continuar las excavaciones en el área. Y aunque ese sector de la cuenca de la laguna haya recuperado la tranquilidad, al menos por el momento, el conflicto territorial frente al desarrollo minero dista de haber sido resuelto.

De hecho, continúa abierto otro reclamo más amplio que presentaron las comunidades en la Casa de Gobierno de Jujuy, también la semana pasada, en el que le exigen al gobernador Gerardo Morales que retire las autorizaciones de las empresas que actualmente están explorando en la región. También que anule el llamado a licitación para el desarrollo de proyectos mineros en el territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, y que cumpla con su compromiso asumido hace más de tres años, de firmar el decreto de aplicación del protocolo de Kachi Yupi (Huellas de la sal), que se terminó de redactar en 2015 y establece pautas consensuadas por las comunidades intervinientes –tras años de trabajo conjunto– sobre cómo debería ser el proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Se trata del único protocolo en el país que es vinculante y de cumplimiento obligatorio para el Estado y los particulares, de acuerdo con la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “No le estamos diciendo nada malo o en contra –al gobernador–, son cosas que él mismo prometió y no cumplió”, se lamentó Flores y advirtió que, cuando llegaron a Pozo Dulce, vieron un terraplén de alrededor de tres kilómetros de extensión y un metro de altura, a cuyos lados habían hecho zanjas y pozos: “Estaban como un kilómetro adentro de la laguna, ahí estaba la plataforma y ahí están perforando”, recordó el poblador que se dedica a la cría de llamas, al igual que lo hicieron sus antepasados.

Cuando las comunidades llegaron a Pozo Dulce vieron un terraplén de alrededor de tres kilómetros de extensión y un metro de altura, a cuyos lados se habían hecho zanjas y pozos.

“El problema es que se está avanzando sin tener estudios hidrogeológicos serios sobre cómo funciona esa cuenca y se podrían autorizar proyectos que generen una presión tan grande en el sistema hídrico que pueden modificarlo por completo”, le dijo a TSS Pia Maschegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y explicó que la laguna es la parte exterior de un mar cerrado subterráneo, que forma parte de una cuenca cerrada, es decir, que es un sistema de agua subterránea que aflora por el agua de la laguna o no, dependiendo de los momentos de lluvia.

La subcuenca de Salinas Grandes se extiende hacia el norte a la Laguna de Guayatayoc a través de una superficie total que alcanza los 17.552 kilómetros cuadrados, distribuida políticamente entre las provincias de Salta y Jujuy. Se trata de un conjunto de altiplanicies, cerros y quebradas que se extienden entre los 3.400 y 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, en un territorio sumamente seco que sufre déficit de agua durante la mayor parte del año.

Allí, el agua de buena calidad para consumo humano y animal se encuentra en sectores denominados “vegas”, que son humedales en zonas bajas que aparecen de manera interrumpida en el territorio. Y como son escasas, constituyen otra de las grandes preocupaciones en torno al desarrollo de esta actividad en la Puna, ya que la minería de litio es una minería de agua (según estimaciones del grupo de estudios de Geopolítica del litio, por ejemplo, en Bolivia consumirían aproximadamente 225 millones de litros de agua por año bajo un parámetro de eficiencia y 612 millones de litros bajo uno de no eficiencia). “Al ser una cuenca cerrada, tiene ingreso de agua por deshielo y precipitaciones, que son muy escasas, y un sistema natural de evaporación por la temperatura y otras cuestiones geológicas y climáticas, que generan un equilibrio que hay que respetar. De lo contrario, se genera un estrés hídrico que puede impactar en las fuentes de agua dulce. Las vegas y las lagunas que los pobladores usan para su vida pueden terminar secándose o salinizándose”, ejemplificó Marchegiani.

Las comunidades llegaron a principios de febrero hasta el lugar en el que la empresa AIS Resources estaba realizando trabajos de exploración.

“Si se secan los ojos de agua, que son los que los pobladores usan para darle de beber a los animales y que hasta el momento ningún estudio hidrográfico puede dar cuenta de que no se van a secar, o si la minería en salar termina provocando las enfermedades nuevas de los animales que los pobladores ya pueden ver sin poder explicar a qué responden, atenta contra una forma de vida que está ahí y el riesgo último es un nuevo etnocidio, la muerte de una identidad”, dijo Argento, politóloga e integrante del grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (IEALC/UBA Sociales).

Cultura en extinción

Según el informe de la Subsecretaría de Minas de la Nación presentado en el “VII Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica”, la Argentina contiene el 13% de las reservas de litio a nivel mundial y una capacidad de producción que en el año 2017 alcanzaba los 30,4 KT/LCE (carbonato de litio equivalente). Jujuy aloja el 36% de las reservas de este mineral en el país, con un total estimado de 18,9 millones de toneladas de LCE. Para su extracción funcionan al menos seis proyectos litíferos, con una capacidad máxima de producción proyectada de 105.000 toneladas para el año 2022. En el año 2017, el carbonato de litio representó el 22% de las exportaciones provinciales –cifra 2,5 veces mayor que apenas dos años antes– y casi el 40% de las exportaciones mineras, con un único proyecto funcionando al 60% de su capacidad de diseño.

“Es un territorio completamente olvidado por el Estado para brindar servicios pero profundamente minero, para lo cual sí o sí necesitan construir caminos”, explicó Argento. Antes de que se expandiera la producción minera en esa región, los pobladores de la zona de dedicaban a principalmente a la producción de sal para consumo humano y la cría del ganado. En paralelo, la actividad minera que ya existía en la provincia (de otros minerales como plata, estaño y plomo) se expandió durante la década del noventa y tras la reforma del Código Minero, en 1994. Así, por ejemplo, según el informe mencionado, las exportaciones minerales promedio en esa provincia durante el período 2008-2017 se multiplicaron por 13 en comparación con las del decenio anterior (1998-2007).

La organización de las comunidades en contra de la extracción del litio se dio rápidamente a partir de 2011, año en el que el entonces gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, lo declaró recurso estratégico provincial.

Esta expansión minera no se dio sin controversias. Y si bien ya había otros conflictos por el desarrollo minero en esta provincia, la organización de las comunidades en contra de la extracción del litio se dio rápidamente a partir de 2011, año en el que el entonces gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, lo declaró recurso estratégico provincial. “En aquel momento, las empresas quisieron comprar las concesiones que tienen los pobladores como comunidad sobre Salinas Grandes y ellos entendieron que estaba en riesgo su trabajo en la cooperativa de sal pero no imaginaban que había un proyecto mucho mayor”, recordó Argento y agregó que el litio activó un proceso de organización territorial que no estaba presente. “A partir de que las comunidades defienden el salar por su ritualidad, su ancestralidad, su cosmovisión y su forma de vida, como una cuestión identitaria, el territorio va cobrando una característica de autonomía territorial y derechos indígenas”. En el año 2012, lograron hacer llegar a la puna al relator de los pueblos indígenas de la ONU y contar con el aval de especialistas “que acertadamente combinaron la cuestión de los derechos indígenas con la problemática ambiental”, dijo Argento.

No ocurrió lo mismo en otras partes de la provincia, como en los salares de Olaroz y Cauchari, uno de los dos que actualmente está en producción en la Argentina, en manos de la empresa Sales de Jujuy y bajo el control de la firma australiana Orocobre, con participación de Toyota y la estatal jujeña JEMSE. El otro en operación es el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, explotado por la estadounidense FMC. En conjunto, según detalla el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, del año 2018, estas dos empresas exportan todo el litio que produce el país, devengan impuestos menores, utilizan agua que no abonan y no propician la agregación de valor ni la participación de las comunidades en las ganancias y decisiones. Además, ambas firmas poseen sus propias técnicas y procesos de extracción, cuyas patentes dominan e instrumentan de modo privado y confidencial.

“En 2010 y 2011, algunas empresas empezaron a explorar y hacían perforaciones, pero las comunidades se movilizaron y ejercieron resistencia: fueron a la Corte Suprema e hicieron una demanda que fue rechazada, con lo que reclamaron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, un pedido que sigue vigente. A esto se suma que las empresas que estaban tratando de entrar al salar lograron ingresar al de Olaroz, se logró frenar el tema y disminuyó la presión”, detalló Marchegiani, y advirtió que, desde el 2016, tras la remoción de las retenciones mineras dedicida por el Gobierno de Cambiemos y la nueva gestión provincial, el tema volvió a ponerse en discusión. “Las empresas están tratando de avanzar sin importarles la legislación vigente, porque hasta la propia Secretaría de Pueblos Originarios de Jujuy, creada por el Gobierno, dice que no se puede avanzar sobre Salinas Grandes porque hay tres comunidades que están en el territorio y deben ser consultadas. Sin embargo, hacen oídos sordos y siguen adelante”, concluyó.

TODO TURBIO
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— En Orsai (@EnOrsai) 14 de febrero de 2019