El gobierno nacional busca aumentar el poder punitivo del Estado, endureciendo el Código Penal. Con ese objetivo, enviará al Congreso Nacional un proyecto de reforma que incluye nuevas y mayores sanciones contra quienes corten calles. Además, según lo trascendido busca incrementar las penas contra los extranjeros.

En el nuevo proyecto, según la información que ya circuló, suben las penas por cortar el tránsito. Se pasaría de un máximo actual de dos años a un período de entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización.

La medida, así presentada, puede ser utilizada contra quienes cortan una calle pero también contra los trabajadores del transporte. Es decir, podría además implicar un ataque al derecho a huelga.

Según lo publicado por el diario Clarín, el proyecto también introduciría una figura agravada para los migrantes que utilicen documentación falsa y para quienes hayan incumplido la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por una sentencia condenatoria.

Este apartado va a tono con el creciente discurso xenófobo que se impulsa tanto desde el oficialismo como desde sectores del peronismo.

La decisión del gobierno se inscribe en un clima represivo que acompaña las políticas de ajuste acordadas con el FMI. Un ejemplo reciente se vio el pasado 24/10, cuando las fuerzas policiales lanzaron una feroz represión –que incluyó una cacería a decenas de cuadras del Congreso- contra quienes manifestaban rechazando el Presupuesto 2019.

¿Será escándalo?
JUSTICIA IN-DEPENDIENTE
La conducción de la Corte Suprema almorzará con Macri y sus operadores judicialeshttps://t.co/1k3gR2ehMi pic.twitter.com/sxWABhShF4

— En Orsai (@EnOrsai) November 2, 2018