Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones lleva 60 días acéfala y no hay ni siquiera rumores de un nuevo nombramiento. Es un correlato de una política errática que ya se “llevó puestos” a dos funcionarios en apenas un año y medio.

Scarsi, que reemplazó a Ortiz, no parece tener el saneamiento de la Subsecretaría entre sus prioridades. No sólo no nombró a nadie al frente del organismo sino que se sospecha que buscará un fuerte ajuste.

La muestra cabal de la falta de planificación en la materia viene de la mano de la propia creación de la estructura. La firma del funcionario a cargo es lo único que tienen en común cada una de las especialidades que se agrupan bajo la secretaría. En marzo de este año, Patricia Segovia, que llegó al cargo a partir de un acuerdo político –respondía al giustozzismo, aliado de Cambiemos en Provincia y Nación- presentó la renuncia. La sucedió el radical Raúl Pitarque, que se fue cuando Zulma Ortiz presentó la dimisión, el 7 de julio.

El ministro que reemplazó a Ortiz no parece tener el saneamiento de la Subsecretaría entre sus prioridades. No sólo no nombró a nadie al frente del organismo sino que se sospecha que buscará un fuerte ajuste.

Las consecuencias de los dos meses sin jefatura dentro de la repartición son notables: no hay firma para los expedientes que ordenan internación de adictos, y tampoco pases de planta ni resoluciones administrativas. En el largo plazo, patentiza algo más grave aún: la falta de una mirada estratégica en un tema delicado y fundamental en una provincia como Buenos Aires.

La rotación de autoridades promueve a la par un efecto negativo en el personal. La Junta Interna de Adicciones se declaró recientemente en estado de alerta por el despido de trabajadores, la profundización de la precarización mediante becas, contratos y abuso de la planta transitoria, y la falta de definiciones respecto de las nuevas autoridades, que, se descuenta, provocará movimientos en direcciones y coordinaciones regionales.

El especialista en adicciones Esteban Wood trazó un panorama sombrío cuando renunció Pitarque. “En apenas un año y medio de gestión, el balance de lo actuado hasta el momento en el campo de las políticas provinciales sobre adicciones en realmente pobre”, decía a comienzos de julio. Las evidencias: el “rango institucional”, los altísimos niveles de subejecución de los programas, que se suman a problemas de arrastre: “trabajadores precarizados y desmotivados, alquileres impagos, comunidades terapéuticas en condiciones edilicias precarias, falta de profesionales para atender las problemáticas”, entre otros.

No siempre funcionó así. Adicciones comenzó teniendo rango de secretaría durante el gobierno de Felipe Solá y los Centros Provinciales de Adicciones se desperdigaron por todo el territorio, con una actitud proactiva para “ir a buscar” al adicto y colaborar con su sanación. Hoy, los CPA funcionan sólo cuando los Municipios les ofrecen infraestructura y colaboración para hacer frente a las erogaciones de funcionamiento, y Adicciones es apenas una dirección dentro de un “engendro” de la burocracia estatal.

Fuente: http://infocielo.com

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— En Orsai (@EnOrsai) 18 de septiembre de 2017