FUNCIONARIOS CEOS

Quintana presiona a la justicia para poder minar la Provincia con sus Farmacity

El segundo de Marcos Peña es accionista de Farmacity y busca que esa cadena entre en la Provincia, para lo cual necesita que se modifiquen las leyes y la farmacia deje de ser un servicio y sea solo un comercio. Por Maxi Pérez

Quintana presiona a la justicia para poder minar la Provincia con sus Farmacity

Domingo 17 de septiembre de 2017 | 12:50

El fondo de inversiones Pegasus, que tiene entre sus accionistas a Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros a nivel nacional, logró que la Corte Suprema de Justicia admitiera un recurso de queja, presentado ante el rechazo de los tribunales bonaerenses a la instalación de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires por la existencia de una ley que establece un modelo sanitario para las farmacias de ese distrito.

Farmacity inició en mayo de 2012 una acción legal contra la provincia de Buenos Aires, en la que solicita la anulación de la Resolución Nº 000235/12 emanada del Ministerio de Salud Provincial, acto administrativo que rechazaba la solicitud efectuada por la sociedad de habilitar farmacias en la provincia de Buenos Aires. Esto, en virtud de las pretensiones de la empresa de quedar exenta de dar cumplimiento a la Ley 10.606, que establece para la instalación de farmacias una distancia mínima de trescientos metros entre una y otra o una cada 3 mil habitantes, y la prohibición de que sean controladas por una sociedad anónima, entre otros puntos.

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Además, en 2013, el Ministerio de Salud de la Nación dictó una resolución en la que se estableció que las farmacias solo pueden dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos y productos destinados a la higiene o estética, por lo que el modelo "shopping" que promueve la firma vinculada al vicejefe de Gabinete es ilegal en los distritos en los que esa normativa tiene vigencia.

El planteo judicial del poderoso grupo empresario tuvo trámite desfavorable en la Justicia ordinaria de la provincia y, tras fallos negativos en primera y segunda instancias, hasta la Suprema Corte de la provincia dictó resolución por unanimidad avalando lo actuado y ratificando la constitucionalidad de la ley, por lo que el abogado patrocinante de Farmacity adelantó la reserva del recurso de queja ante la Corte nacional. Lo que nadie sospechaba en ese entonces es que ese abogado, Carlos Rosenkranz, sería designado a la postre miembro del máximo tribunal, lo que le valió una impugnación no atendida de parte del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia.

Es decir que Farmacity tiene a su ex Ceo como coordinador del Gabinete y a su exabogado como juez de la corte, lo que hace evidente la capacidad de lobby empresario para forzar la instalación de la cadena en los distritos en los que está prohibido por ley, para lo cual era necesario, primero, que se admitiera un recurso extraordinario en condiciones de extrema adversidad, porque un fallo a favor de la compañía iría en contra de leyes provinciales con 30 años de vigencia.

En ese sentido las entidades profesionales, no solo farmacéuticas, subrayan que el riesgo real no es la instalación misma de las farmacias, que podría materializarse si aceptaran hacerlo bajo las normas que establece la ley, sino la desregulación absoluta que propone el modelo de Quintana, que transforma a un servicio sanitario y social en un comercio polirrubro, poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema.

En los 135 distritos bonaerenses hay alrededor de 4500 farmacias, muchas de las cuales se instalaron en barrios periféricos de las grandes ciudades y en pequeñas localidades con pocos habitantes debido a los cupos que establece la ley, por lo que una desregulación como la que propone Farmacity concentraría necesariamente los locales en las zonas comerciales y dejaría otra vez a las zonas alejadas y a los distritos menos poblados sin dispensa de medicamentos.

Y en el mismo sentido se complicaría la disponibilidad y entrega de elementos con cobertura del PAMI, como pañales y bolsas de colonostomía, que hoy se distribuyen en todo el territorio gracias a la red de farmacias, pero que Quintana pretende reemplazar con una entrega por correo, lo que requiere otra desregulación, porque ese sistema de venta y distribución también está prohibido.

Desde el Gobierno bonaerense, por el momento, le han asegurado a los farmacéuticos que no hay ninguna chance de que se pueda avanzar con una modificación a la medida de Farmacity, sin embargo, desde la entidad que nuclea a estos profesionales desconfían de esa respuesta y exigen ser atendidos por la gobernadora María Eugenia Vidal, que nunca les concedió una audiencia, a pesar de los múltiples pedidos en ese sentido.

Además, el vice de Peña ha convertido al disputa también en una cuestión personal y en más de una oportunidad afirmó que “el problema de la Provincia es que tiene a (Isabel) Reinoso como presidente del Colegio”. Quintana no imaginaba que la dirigente bonaerense sería elegida también presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), desde donde también promueve el modelo sanitario que se contrapone con las cadenas de farmacias.

Fuente: http://elpaisdigital.com.ar

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