La vicepresidenta Gabriela Michetti no es la única funcionaria del Gobierno de Cambiemos que debería dar explicaciones por las distintas irregularidades que fueron apareciendo en las últimas semanas alrededor de la Fundación Suma.

Si bien la vicejefa de Estado es la Presidenta de la entidad, otros nombres conocidos la acompañan en el directorio: el Presidente Provisional del Senado Federico Pinedo ocupa el puesto de Secretario y la ex legisladora porteña y actual integrante del directorio del Enacom, Silvana Guidici es la Tesorera. En tanto, como vocales figuran el Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el actual embajador de Argentina en Uruguay, Guillermo Montenegro y el ministro del Interior, Rogelio Rrigerio.

La Fundación Suma cobró notoriedad luego de que la vicepresidenta Gabriela Michetti afirmara, en la causa que investiga el origen del dinero robado en su casa en noviembre pasado, que parte del faltante correspondía a donaciones efectuadas a la entidad.

Una resolución de la Unidad de Información Financiera de 2011 indica al respecto que toda donación destinada a fundaciones debe estar bancarizada y que "las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $50.000 realizados por una o varias personas relacionadas en un período no superior a los 30 días deberán presentar una declaración jurada de información".

Con actividad desde 2009 y pese a haber recibido importes millonarios durante años, la fundación tramitó su CUIT recién hace un mes

Además, durante las diferentes investigaciones periodísticas se conoció que la Fundación también presentaba otras irregularidades como el no tener ningún empleado registrado -en su página web aparece un nutrido staff- y no haber presentado nunca un balance ante la Inspección General de Justicia. También salió a la luz que una de las personas que trabaja en la fundación, Cecilia Brook, pareja del periodista oficialista Alfredo Leuco, cobra en realidad su salario del Senado de la Nación, donde tiene un contrato otorgado por Michetti.

Con actividad desde 2009 y pese a haber recibido importes millonarios durante años, la fundación tramitó su CUIT recién hace un mes, luego de que estallara el escándalo por el origen del dinero. Según las distintas denuncias que se tramitan al momento, podría ser una pantalla para mover dinero ilegal destinado a actividades políticas.

Otro dato llamativo es que todos los aportantes de la fundación son contratistas del Estado, ya sea en la CABA o a nivel nacional. Incluso uno de ellos es el grupo Farallon, cuyo titular Eduardo Ramón Gutiérrez es el propietario de la casa en que vivía el ex funcionario José López antes de ser detenido tratando de esconder 9 millones de dólares.

La semana pasada el juez federal Ariel Lijo pidió las dos últimas declaraciones juradas de Gabriela Michetti, y el legajo de la Fundación SUMA, al ordenar las primeras medidas de prueba en la causa. El magistrado también libró un oficio a la Inspección General de Justicia para que le envíe los legajos de la fundación SUMA y de otras ligadas al PRO que quedaron bajo investigación: Fundar, Seguridad y Justicia, Creer y Crecer y Formar.