El decreto 2358/2015 fue publicado en el Boletín Oficial y promulga la normativa que modificó la ley universitaria confeccionada en plena década neoliberal. La medida titulada Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.

Además considera a la educación universitaria como un derecho humano.

“Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”, considera el proyecto.

Los firmantes del decreto que promulga la normativa fueron la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Educación, Alberto Sileoni; junto al texto de la nueva normativa.

En la discusión en la Cámara Baja, el PRO votó en contra de la medida que consagra la total gratuidad universitaria. Uno de los oradores conservadores predilectos de la derecha, Eduardo Amadeo, sostuvo que en los establecimientos superiores “hay invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada” y que, por tanto, “la universidad pública poco a poco va perdiendo su característica de integradora social”. En este sentido se preguntó: “¿Les vamos a seguir regalando la educación?”.