En seis años que funcionó ese establecimiento la Ciudad nunca lo inspeccionó

Desde la querella que representa a la familia que perdió a dos chicos, de 7 y 10 años, en un incendio en un taller clandestino insistieron en las dilaciones que impone el Gobierno de la Ciudad en la investigación.

La representante de la querella, Gabriela Carpineti, sostuvo que “cuando es el estado no interviene expresa una determinada política: en seis años que funcionó ese establecimiento nunca lo inspeccionó, a pesar de la plena facultad del gobierno de la ciudad de inspeccionar todos los ámbitos laborales de su jurisdicción”.

En este sentido, la letrada afirmó en Radio Nacional Folklórica que “si la ciudad hubiera inspeccionado el establecimiento cuando recibió la denuncia de la procuración contra la trata, esto no hubiera pasado”.

“El gobierno de la Ciudad solicitó incorporar al expediente la entrevista que le realizaron a los tíos y víctimas del incendio en el hospital, mientras estaban en shock y todavía decían que ellos eran los propietarios del taller. De esta manera la intervención del gobierno de la ciudad terminó por favorecer la estrategia del propietario, al invisibilizar la responsabilidad del que los explotaba”, subrayó categóricamente.

Carpineti solicitó al Poder Judicial que se “impute al empresario que explotaba económica y laboralmente para ser citado a declaración indagatoria, y de esta manera investigar toda la cadena de comercialización de esas prendas”.

Además, destacó que desde la querella se reclama que “sean citados los funcionarios de la ciudad, para que presten testimonio sobre cómo intervinieron antes y después del incendio”. Mientras que cuestionó el accionar de los funcionarios al no cumplir con los protocolos de asistencia a las víctimas en contextos de explotación.