El gobierno porteño con su actuar intencionado, pretende convertir a los trabajadores costureros en responsables de su propia condición de vulnerabilidad y explotación

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de la Ciudad de Buenos Aires denunció que el gobierno porteño opera en el expediente judicial favoreciendo la estrategia de defensa del empresario coreano investigado por trata de personas, dueño del taller textil de la calle Páez que se incendió a fines de abril y provocó la muerte de dos niños.

Mientras la Justicia avanza en la investigación por Trata de Personas sobre Lee Sung Yop, el dueño del taller textil del barrio porteño de Flores incendiado el 27 de abril, el director General de Asistencia a la Víctima, Leonardo Szutchet “violentando todos los protocolos vigentes expuso comentarios realizados por las víctimas pocas horas después del incendio”, denunció la central de trabajadores.

En este sentido, Esteban Mur, quien trabajaba en ese taller y es padre de los niños fallecidos, se presentará mañana, martes 16 de junio, a las 10, por tercera vez a declarar en el Juzgado Federal nº 6, en el cuarto piso del edificio de Comodoro Py.

El Juzgado de Instrucción 2 remitió las actuaciones por el incendio del 27 de abril a la Justicia Federal, dictaminando que el hecho debía ser investigado en el marco de un contexto general de Trata de Personas y así lo está haciendo el Juzgado Federal 6, a cargo de Canicoba Corral.

Los abogados de Esteban Mur, Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, sostuvieron que “la Dirección de Asistencia a la Víctima del GCBA, contrariando todos los protocolos locales e internacionales referidos en la Ley Nacional de Trata de Personas, manipuló a Rojas y Amparo Menchaca, mientras se encontraban hospitalizados luego del incendio”.

Los letrados señalaron que lo hicieron “para que estos se mostraran como dueños del taller textil de Páez, exculpando al verdadero empresario locatario del inmueble, propietario de las máquinas y quien dirigía la producción y comercialización de las prendas que confeccionaban estos trabajadores”.

Por su parte, Eduardo López, secretario general de la CTA-Ciudad, señaló que “el gobierno porteño con su actuar intencionado, pretende convertir a los trabajadores costureros en responsables de su propia condición de vulnerabilidad y explotación”.

Por otro lado, la esposa de Macri, Juliana Awada, preside la marca de ropa Cheeky que fue acusada en reiteradas ocasiones por utilizar trabajo esclavo.