Puntero, empleado del gobierno PRO, socio en una constructora contratista y colaborador de UNEN en las últimas elecciones, Marcelo Chancalay fue detenido por la toma de tierras en Lugano.
Andrés Brown - Redacción En Orsai // Jueves 29 de mayo de 2014 | 13:47
Es un antiguo empleado del Gobierno porteño, dentro la estratégica Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
Después de pasar casi un mes prófugo, anoche cayó detenido un oscurísimo personaje vinculado al PRO. Se trata de Marcelo Chancalay, el ex presidente de la comisión vecinal de la Villa 20, quien gracias a sus manejos irregularos y fama de puntero se ganó el apodo de "Al Capone de la Villa 20".
La Justicia comprobó que Chancalay es empleado del gobierno de la ciudad desde 2006; también fue colaborador del partido UNEN en las últimas elecciones. Además, es socio gerente de Mach SRL (Marcelo Antonio Chancalay), empresa creada en 2009 y dedicada a la construcción de obra pública, y de otras tres cooperativas.
Chancalay fue detenido anoche, sospechado de haber participado en los incidentes que ocurrieron durante la toma de tierras en Villa Lugano, el 25 de febrero pasado, en la que uno de los ocupantes fue asesinado.

Una serie de escuchas telefónicas lo habían comprometido, y hace casi un mes el juzgado 14 ordenó la captura del puntero macrista, señalado como uno de los responsables en la organización de la toma en los terrenos cercanos a la villa 20.
La orden de captura incluso indicaba el vínculo entre Chancalay y la Ciudad de Buenos Aires: “Es un antiguo empleado del Gobierno porteño, dentro la estratégica Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social”, afirmaba.
La jueza porteña, Gabriela López Iñíguez. había detallado en la orden de detención que “diversos testigos han refrendado que se trata de un personaje poderoso, de ‘peso’ dentro de la Villa 20, y con múltiples ‘contactos’”.
El alfil, contratista, puntero y empleado PRO, además, fue denunciado por militantes territoriales por el uso de la violencia, aprietes y amenazas.
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