“La audiencia de esta semana dejó en claro que Griesa no había comprendido completamente las transacciones de bonos sobre las que ha estado fallando durante años".

Argentina siempre afirmó que el fallo de Griesa no solo afectaba a los fondos buitres que están en el litigio, sino también al resto de los holdouts (los denominados “me too”). En junio de 2004, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decía: “Los buitres representan el 1% de los que no entraron al canje. Hay otro 7% que de aceptarse este criterio de pagarle a NML, estarían en condiciones de cobrarle a la Argentina ya y ahora como mínimo USD 15.000 millones”

Efectivamente, eso que el discurso presidencial vaticinaba ocurrió y quedó confirmado con las peticiones que se acercaron al juzgado de Griesa para pedir igual tratamiento que los favorecidos NML y Aurelius.  El 25 de julio el fondo Seijas pidió a Griesa que Argentina pague USD 700 millones en títulos públicos, apelando al fallo firme de NML.

El propio Griesa admitió que ya se presentaron otros 5 peticiones como la de Seijas y aclaró “NML y Aurelius no son los únicos que podrían tener estos derechos gracias a la cláusula pari passu (...) Pero en este momento, y para tener un poco de organización en las negociaciones de cara a un arreglo, me parece que no sería bueno que yo empiece a firmar fallos adicionales".

LA CLÁUSULA RUFO

RUFO (Rights Upon Future Offers) es  una cláusula que se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Tal disposición prohíbe pagarles más a los bonistas que no entraron al canje, de esta manera, se establece igualdad de condiciones para aquellos que entraron a los canjes y para aquellos que no.

La cláusula tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2014. Entonces,  si se negocia con los fondos buitre antes de esa fecha, y se les ofrece un monto mayor que a los bonistas reestructurados, estos podrían demandar al Estado argentino y exigir trato igualitario.

La Argentina siempre argumentó la cláusula RUFO era una amenaza real. En el mismo discurso de la presidenta antes citado, la mandataria dijo: “Hay algunos que dicen ¿Y por qué no pagarles estos USD 1.500 millones y terminar todo ya? Es porque hay otro problema, bastante más grave. (…) la posibilidad de que el otro 92% que es el grueso de los acreedores, encuentre otro juez que diga que si alguien fue beneficiado teniendo el 1% y obtuvo de una sola vez el pago total,  tienen el derecho a lo mismo, por una cuestión de equidad y de igualdad. (…) Estaríamos también ante la posibilidad más que cierta de que fuera exigida la totalidad de la deuda argentina y la restructuración operada en el año 2005 y en el año 2010 se cayera como un castillo de naipes, y con él, la República Argentina.”

Una vez más, aquello que se pronosticaba que iba a suceder, sucedió. Los tenedores de bonos del canje ya anticiparon que si Argentina paga a los buitres, pedirán el mismo trato.

Tullio Zembo, representante bonistas italianos, lo dejó bien claro “Si los fondos buitres consiguen cobrar todo lo que se les adeuda, mis clientes también pretenderán lo mismo.”

El día 14 de julio de 2014, un grupo de bonistas europeos que entraron voluntariamente en los canjes de 2005 y 2010 (los denominados “Euro Bondholders”) dejaron en claro que si Argentina llega a algún acuerdo con los fondos buitres en el marco de la sentencia de Griesa, podrían solicitar un trato igualitario, aun cuando son conscientes de que Argentina no podría en ningún caso hacer frente a tal demanda.

En efecto, en un pedido de clarificación que llevaron a Griesa hace una semana, los EuroBondholders dicen: “Si la Argentina ofrece un acuerdo a los demandantes con mejores términos de los implicados en las ofertas que realizó para los canjes de 2005 y 2010, la cláusula RUFO puede implicar que los tenedores del canje demanden condiciones similares. Si esto sucede, la Argentina debería miles de millones de dólares adicionales a los tenedores del canje, lo que haría el acuerdo prohibitivamente caro para la Argentina”.

La Argentina siempre dijo que RUFO es una contingencia difícil de medir, pero de una magnitud desproporcionada y desestabilizadora: “Estaríamos estafando y defraudando a los que apostaron por nosotros, y estaríamos estafando y defraudando a la economía y a las finanzas argentinas, porque les estaríamos sustrayendo sumas que luego nos serían demandadas por el resto y que serían impagables”, decía Cristina Kirchner ya en el discurso de apertura de sesiones el 1 de marzo de 2013.

En la actualidad las estimaciones del costo de activación de la clausula RUFO oscilan entre USD 120.000 y USD 500.000 millones. La evidencia más clara de esta realidad, es que los buitres se niegan a otorgar un seguro que cubra a la Argentina ante esta eventualidad.

GRIESA

Es por todo este conjunto de razones que la posición argentina siempre fue la de sostener que el Juez Griesa no entendía las implicancias severas de su fallo en primera instancia.

Así lo manifestó en reiteradas ocasiones el Ministro de Economía Axel Kicillof, tomemos solo una de ellas: “Griesa interpreta en forma antojadiza y absurda el principio de Pari Passu”.

Lo interesante es que no sólo Argentina piensa que Griesa no entendió nunca los mecanismos de funcionamiento de estos bonos.

Hace dos días, ni más ni menos que The New York Times le dedicó una durísima página en la que se puede leer: “La audiencia de esta semana dejó en claro que Griesa no había comprendido completamente las transacciones de bonos sobre las que ha estado fallando durante años".

El juez Griesa siempre quiso impedir el pago de Argentina, y llamar a esa situación “default”. Es por eso que rechazó los pedidos de Stay de la Argentina y prohibió los pagos a los bonistas, aún cuando no están en su jurisdicción.

Argentina siempre mencionó que se encuentra sometida a la Ley Nacional, por lo que una eventual solución del conflicto legal con los holdouts debe estar enmarcada en el sistema de leyes nacional. Esto es fundamental de comprender porque muchos especialistas indican que si se les paga a los Holdouts, los funcionarios argentinos pueden ir presos: "Lo que el mercado no está tomando en cuenta es que si se activa la cláusula RUFO, cualquier funcionario del gobierno que haya trabajado en este acuerdo, enfrentarán años de juicios penales.” afirmó hace unos días el economista especializado en deuda soberana, Marcelo Etchebarne.

EL FALLO Y EL SISTEMA

Argentina siempre sostuvo que el fallo Griesa era peligroso para el sistema financiero internacional. En su discurso en la OEA el ministro Kicillof fue claro: “El problema no es solo financiero ni judicial o de jurisdicción, sino del mundo entero y muestra una falla en el sistema de financiamiento de los países. Esto vuelve imposible los procesos de reestructuración de deuda soberana y por lo tanto también los defaults, porque los defaults que no tengan salida significan la muerte de la situación financiera de un país y también del internacional".

En la comprensión cabal de los riesgos que este fallo conlleva para las naciones es que ha sido tan evidente y sin fisuras el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina en este tema. Diversas naciones, foros y organizaciones internacionales, académicos y dirigentes sociales, y políticos se han manifestado a favor del país, poniendo de manifiesto el potencial dañino del fallo de Griesa.

QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DEL FALLO

En reiteradas oportunidades, los funcionarios del gobierno argentino han advertido que los fondos buitre no solo pretenden cobrar la sentencia de Griesa, sino que buscan tirar abajo el proceso de desendeudamiento argentino y quedarse con la riqueza del país.

"Van por todo, por todas las posesiones de la Argentina", ha dicho Kicillof. Razones no parecen faltarle. Hace días, el fondo buitre NML presentó en la Justicia de California un pedido para investigar los activos de YPF en Vaca Muerta.