¿Ciencia o castigo? La investigadora del INTA que podría ser expulsada tras medir plaguicidas en personas y animales

Una investigación que terminó en un sumario

La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet en la Estación Experimental Balcarce, enfrenta un proceso administrativo que podría terminar con su exoneración, la sanción más grave prevista para el empleo público nacional.

El expediente está vinculado con su participación como coordinadora argentina del Proyecto SPRINT, una iniciativa internacional que estudió la presencia de residuos de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. Según su abogado, Mario Bolla, la sanción propuesta implicaría la pérdida del cargo y la imposibilidad de reingresar a organismos del Estado nacional.

La historia plantea una pregunta que incomoda a cualquier institución científica: ¿qué sucede cuando los resultados de una investigación pueden afectar intereses económicos y generar cuestionamientos sobre las prácticas productivas?

En el caso de Aparicio, la secuencia incluye la suspensión de una presentación pública de resultados en 2023, el retiro del INTA del proyecto y un sumario iniciado posteriormente. La investigadora sostiene que el conflicto comenzó cuando aparecieron los primeros datos de su trabajo.

Qué investigaba el Proyecto SPRINT

El proyecto SPRINT, cuyo nombre corresponde a Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach, fue financiado por el programa europeo Horizon 2020 y comenzó oficialmente en septiembre de 2020.

Su objetivo consistía en evaluar los impactos de los productos fitosanitarios sobre la salud humana, animal y ambiental. Para ello, el proyecto desarrolló un enfoque integrado que contemplaba la exposición a mezclas de plaguicidas y la elaboración de herramientas para evaluar sus riesgos.

Argentina fue el único país no europeo incluido en el monitoreo. En el país participaron 73 personas provenientes de ciudades, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios, incluidos productores convencionales y agroecológicos. El estudio contemplaba el análisis de distintas matrices ambientales, animales y humanas.

La investigación no se limitaba a identificar residuos. El proyecto buscaba utilizar los resultados para trabajar junto con productores en la reducción de la exposición a determinados insumos y avanzar hacia prácticas agrícolas más sostenibles.

El problema, precisamente, apareció cuando los datos comenzaron a estar disponibles.

El conflicto dentro del INTA

Según la reconstrucción publicada por Bichos de Campo, durante 2023 el INTA prohibió a Aparicio difundir las mediciones y suspendió una reunión destinada a presentar los resultados a las personas que habían participado voluntariamente del estudio.

En diciembre de ese año, bajo la presidencia de Mariano Garmendia, el organismo decidió discontinuar su participación en SPRINT. Dentro del INTA y de sectores del ámbito agropecuario existían cuestionamientos sobre el enfoque del proyecto europeo y preocupaciones respecto de que sus resultados pudieran ser utilizados para cuestionar la agricultura convencional.

La controversia no es menor. Investigar la presencia de plaguicidas no equivale, por sí solo, a demostrar que una determinada sustancia produjo una enfermedad. Sin embargo, como explicó Aparicio, conocer la exposición constituye un paso necesario para evaluar riesgos y discutir posibles modificaciones en las prácticas productivas.

La tensión entre medir, comunicar y controlar los resultados vuelve a colocar sobre la mesa el papel de los organismos públicos de investigación. Cuando una institución participa de un proyecto científico, la transparencia sobre sus resultados y los mecanismos de evaluación adquieren una relevancia central.

Ocho imputaciones y una posible exoneración

A fines de 2024 comenzaron las consultas internas sobre las funciones de Aparicio en SPRINT y, a comienzos de 2025, la investigadora fue citada a declarar en un sumario administrativo.

Su abogado sostiene que se le imputan ocho hechos, entre ellos un supuesto perjuicio material grave para la administración pública. La defensa rechaza esa acusación y señala que el financiamiento del proyecto fue europeo.

Bolla también afirmó que otras personas investigadas por su intervención institucional recibieron propuestas de sanciones considerablemente menores. La exoneración todavía no había sido formalmente notificada al momento de la entrevista publicada por Bichos de Campo.

La diferencia entre una investigación científica aprobada institucionalmente y una posterior acusación administrativa es uno de los puntos más sensibles del caso. Según Aparicio y su abogado, el proyecto atravesó las instancias correspondientes del INTA y fue difundido por el organismo durante sus primeros años.

La defensa de la libertad científica

El gremio APINTA expresó su respaldo a la investigadora y reclamó libertad para investigar. La organización sostuvo que la actividad científica debe desarrollarse con transparencia, respaldo institucional y condiciones que permitan producir conocimiento sin presiones.

También lanzó una campaña de recolección de firmas en apoyo de Aparicio.

La defensa anticipó que, si la exoneración se concreta, recurrirá a la Justicia en el fuero contencioso administrativo federal. Mientras tanto, la investigadora describió un clima de aislamiento dentro de su lugar de trabajo y aseguró que sus compañeros se acercan menos por temor a sufrir consecuencias similares.

El caso no permite establecer, sin conocer la totalidad del expediente, si las imputaciones administrativas están justificadas o si existe una decisión institucional de castigar la investigación. Pero sí permite identificar una controversia concreta: una científica que participó en un proyecto aprobado institucionalmente enfrenta una posible expulsión del Estado después de que sus resultados generaran conflicto.

La pregunta de fondo no es solamente qué ocurrió con Virginia Aparicio. También es qué garantías tienen los investigadores públicos para estudiar problemas que atraviesan intereses económicos, ambientales y sanitarios, y qué mecanismos existen para asegurar que los resultados puedan ser evaluados y discutidos con rigor.

Cuando una investigación sobre plaguicidas termina asociada a un proceso que podría dejar a su responsable fuera del sistema científico estatal, la transparencia institucional deja de ser una cuestión secundaria. Se convierte en una condición indispensable para que la sociedad pueda confiar en el conocimiento que producen sus organismos públicos.

Fuentes

Bichos de Campo. (2026, 19 de septiembre). “Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”: La investigadora Virginia Aparicio midió la presencia de agroquímicos en el ambiente y ahora un sumario interno podría dejarla afuera del organismo.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (s. f.). SPRINT Project.

Comisión Europea. (s. f.). Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach (SPRINT). CORDIS.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2020). Transición hacia la protección sostenible de las plantas en la agricultura: presentación del proyecto SPRINT.