Pedimos que nos dejen ser su voz y que nos brinden información anónima de todos los temas que salen a la luz porque no les permiten hablar

La incapacidad del gobierno de José Manuel de la Sota para contener y calmar la bronca que se gestó en el seno policial tras la ola de denuncias que implican a jefes policiales en las operaciones de narcotráfico en la provincia, despertó indignación en los subalternos que aprovecharon para manifestar su malestar por varias cuestiones laborales que los venían afectando.

"Hola a Córdoba. Somos Anonymous. Por este medio estamos declarando la operación `Juanes en Marcha`", comenzaba el mensaje de texto recibido por miles de celulares vinculados a la fuerza, el 14 de noviembre último. Allí se explicaba que se pretendía "crear un cambio para toda la Policía de Córdoba", y se indicaba que el objetivo era "lograr que se limpie la corrupción de una vez por todas y que se denuncien las irregularidades conocidas hoy en día por todos los habitantes de la provincia".

"Entendemos que sus jefes y directivos los han abandonado por miedo o porque forman parte de esta red de corruptos. Pedimos que nos dejen ser su voz y que nos brinden información anónima de todos los temas que salen a la luz porque no les permiten hablar. Les pedimos que se hagan escuchar y reclamen su derechos", remarcaba el mensaje.

Asimismo dejaba bien en claro "este cambio es para sus familias y su vida cotidiana", y convocaba "a reunirse frente a
Jefatura el próximo lunes 18 a las 6 de la tarde".

Ese fue el inicio de una cadena incesante de mensajes que se multiplicaban a diario instando a marchar, protestar e incluso a acuartelarse, con el objetivo de reclamar mejoras salariales, un bono de fin de año y una limpieza de la imagen de la fuerza.

Los reclamos vía celular tuvieron también su correlato en las redes sociales.

El día de la primera marcha, otro mensaje masivo denunciaba que los "jefes desayunan facturas de manteca, criollos de hojaldre y almuerzan lomo a la pimienta, las mejores pastas y lo que pidan", y aseguraba que "la plata para comprar esos productos sale del dinero que nos descuentan (a los policías) del adicional" de horas trabajadas, en la mayoría de los casos para empresas privadas.

También señalaba que los jerarcas policiales "tienen combustible gratis, choferes para ellos y su familia, y un policía cuidando su casa las 24 horas".

Como contrapartida, advertía que "hay compañeros que no tienen para comer, con hijos que no tienen qué vestir", y comparaba que "barrer la calle es más remunerativo que salvar vidas y detener a delincuentes".

Asimismo afirmaba que "la seguridad no vale nada", y denunciaba que "para el gobierno corrupto de esta provincia la que vale es la seguridad privada".

Al respecto señalaba que "jefes ahora retirados" de la fuerza y que se desempeñan en empresas de seguridad privada "exigen que a sus empleados les paguen la hora 52,50 pesos y al policía le pagaban 20".

"Somos esclavos de la corrupción y de jefes sin escrúpulos", remarcaba el mensaje.

A los pocos días se anunciaba la creación de una página en la red social Facebook denominada "Familiares De Policías De La ciudad De Córdoba", y el 28 de noviembre se corrió el rumor de un acuartelamiento, pero no era cierto.

El domingo último circuló una grabación de audio, la cual se adjudicaba al comisario mayor Oscar García, jefe de Distrito II, quien amenazaba a sus subalternos con días de arrestos si seguían con los reclamos, y los llamaba "maricones de mierda".

El lunes nuevamente los mensajes daban cuenta de que los adicionales se cobran a menos de la mitad de lo que se le factura a las empresas privadas.

Además, afirmaban que una de ellas es propiedad de un subjefe retirado.

Ese mismo día, el Ministerio de Seguridad provincial dispuso un aumento en los adicionales, pero eso no evitó que horas más tarde, ya en la madrugada del martes, llegara el mensaje de que empezaba el acuartelamiento en el Distrito 5.