La causa se tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4. Las contrataciones vía OEI quedaron en la mira tras el descubrimiento de un grupo de rugbiers del colegio La Salle que facturaban con ese mecanismo.

La información sobre la investigación surgió en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por InfoGremiales hace casi tres meses. En dicha solicitud, se pide conocer las nóminas y los criterios de selección del personal contratado sin los controles y pruebas de idoneidad habituales, en un contexto de recortes.

El caso está siendo tramitado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la intervención de la Fiscalía Federal Nº 1, bajo la dirección del Dr. Ramiro González.

El ministerio también informó que, en el marco de la Investigación Preliminar conocida como caso Coirón Nro. 124429/2024, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISeS) está examinando hechos relacionados con la información peticionada.

En tal sentido, Pettovello ha señalado que mientras la Justicia Federal continúa con la investigación, hacer pública la documentación o información vinculada a las causas podría entorpecer el proceso y afectar los derechos de las personas involucradas.

Los convenios con la OEI, que han existido durante mucho tiempo, suelen estar destinados a proyectos en educación, cultura y ciencia. Sin embargo, en este caso, los fondos públicos argentinos destinados a estos convenios podrían haber sido desviados, ya que se descubrió que un grupo de personas, que no tenía funciones en el ministerio, figuraba en una lista de facturaciones que oscilaban entre 600.000 y 1.400.000 pesos, lo que los convertiría en presuntos “ñoquis".