En una entrevista que sacude los cimientos de la actual administración, Pablo Llonto, reconocido abogado especializado en Derechos Humanos, ha puesto sobre la mesa una denuncia que deja al descubierto las oscuras intenciones de un sector del gobierno de Javier Milei. En diálogo con Ari Lijalad en El Destape 1070, Llonto afirmó con contundencia: "Nunca había ocurrido que un grupo de diputados en la democracia visiten de manera organizada a genocidas". Esta afirmación no es un simple señalamiento, sino un grito de alarma que desnuda un entramado mucho más complejo y peligroso.

El punto de partida de esta revelación es la reciente visita de un grupo de diputados a militares condenados por crímenes de lesa humanidad, un hecho que, de acuerdo con Llonto, nunca se había registrado en la historia democrática del país. Esta acción, que podría parecer una mera formalidad para algunos, es en realidad una señal inequívoca de la dirección que está tomando el gobierno de Milei. Un gobierno que, a todas luces, no tiene reparos en vincularse con aquellos que mancharon las páginas más oscuras de la historia argentina.

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Llonto no duda en calificar este hecho como una posible comisión de delito de falsedad ideológica, una acusación que debería hacer tambalear cualquier administración que se precie de respetar los derechos humanos. Según el abogado, "hay dos diputadas que declararon que fueron engañadas en estas visitas". Este dato es clave, porque no solo se trata de una visita, sino de un plan orquestado desde las más altas esferas para establecer un nexo con los genocidas. "Si esto fue así, alguien tuvo que hacer la gestión en contra de su voluntad", asegura Llonto, dejando en claro que no estamos ante un simple malentendido, sino ante una estrategia cuidadosamente planificada.

La gravedad de esta situación radica en que, según el abogado, "alguien hizo la gestión de forma colectiva y eso está mal". Este "alguien" no es un personaje cualquiera, sino un actor clave dentro del gobierno, que estaría utilizando su poder para revivir viejos fantasmas del pasado. Llonto subraya la importancia del trabajo periodístico en esta situación, ya que ha permitido descubrir que "esto es mucho más profundo que una simple visita". La conexión entre los diputados y los genocidas no es un hecho aislado, sino parte de una red que se extiende peligrosamente en las sombras del poder.

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Una de las revelaciones más escalofriantes de la entrevista es la afirmación de que "hace poco en una radio un preso dijo que vio a Victoria Villarruel ir a visitar a Astíz y Suarez Mason en la cárcel de Ezeiza". Este testimonio, que podría parecer anecdótico, es en realidad un eslabón más en una cadena de eventos que confirman la existencia de un plan cuidadosamente trazado por sectores del gobierno de Milei. Un plan que, lejos de buscar la justicia y la reconciliación, pretende rehabilitar a los responsables de los crímenes más atroces cometidos durante la última dictadura militar.

La trama se complica aún más cuando Llonto menciona que "se van juntando elementos que demuestran que hay un plan en el gobierno en el que están Victoria Villarruel, Cuneo Libarona y Patricia Bullrich". Esta afirmación, que podría sonar alarmante, no hace más que confirmar lo que muchos temen: el gobierno de Javier Milei está siendo infiltrado por aquellos que buscan reescribir la historia a su favor, desdibujando la línea entre la justicia y la impunidad.

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En un país que ha luchado con uñas y dientes para llevar a cabo los juicios por crímenes de lesa humanidad, la posibilidad de que un sector del gobierno esté trabajando para frenar estos procesos es más que preocupante; es una traición a la memoria de las víctimas y a la lucha por los derechos humanos. Llonto recuerda que "hay una ley específica sancionada hace 10 años que establece que cualquier obstáculo para frenar estos juicios será declarado nulo". Esta ley, que fue un logro histórico para el país, está ahora en peligro ante la amenaza de un gobierno que parece dispuesto a todo para proteger a los suyos.

La advertencia de Llonto es clara: "Siempre que asume un gobierno con tufillo pro-genocida hay que estar alertas". Esta afirmación no es una exageración, sino un llamado urgente a la sociedad para que no permita que los avances en derechos humanos sean revertidos por un gobierno que parece estar más interesado en proteger a los criminales que en hacer justicia.

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Finalmente, el abogado concluye con una reflexión que debería resonar en todos los sectores de la sociedad: "La barrera judicial también es muy importante". Esta barrera, que ha sido la última línea de defensa contra la impunidad, está ahora en riesgo de ser derribada por aquellos que, desde las sombras del poder, están urdiendo un plan para proteger a los genocidas. La pregunta que queda en el aire es: ¿permitirá la sociedad argentina que esto suceda? La respuesta, como siempre, está en manos de todos nosotros.

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El ex coordinador territorial de La Libertad Avanza en Rosario ha destapado una serie de irregularidades en la distribución de donacioneshttps://t.co/RTRe6kyztl

— En Orsai (@EnOrsai) August 9, 2024

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