En una entrevista con Luis Novaresio, el jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Guillermo Francos, lanzó una serie de declaraciones que, lejos de clarificar la situación de las pensiones por discapacidad, sembraron más dudas y desconfianza sobre la gestión actual del gobierno de Javier Milei. Francos afirmó que existen centros de atención a la discapacidad que perciben más de un millón de pesos mensuales por cada persona que atienden, sugiriendo un esquema de corrupción sin aportar pruebas concretas. Según él, una muestra en una provincia reveló que dos de quince institutos se llevaban el 50% de las cápitas, insinuando una distribución irregular y corrupta de los recursos.

Estas declaraciones son alarmantes no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por la falta de evidencia y el profundo desconocimiento que demuestran sobre el funcionamiento del sistema de pensiones y atención a personas con discapacidad. Francos plantea que el auténtico negocio de las pensiones truchas radica en que las instituciones se quedan con los pagos por atenciones que no se brindan, contando con la complicidad de los beneficiarios de las pensiones. Este argumento, además de carecer de pruebas, ignora completamente la estructura y los controles existentes en el sistema.

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En primer lugar, es crucial aclarar que las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad no tienen injerencia en el trámite y la entrega de las pensiones no contributivas. Este proceso se lleva a cabo a través de la ANSES, que evalúa la documentación y los requisitos presentados por los solicitantes. La insinuación de que las instituciones intermediarias manipulan este proceso es falaz y malintencionada. Las instituciones solo comienzan a prestar servicios una vez que Incluir Salud, el Programa Federal de Salud para los pensionados, autoriza la atención. Sin esta autorización, ninguna institución puede exigir pagos por prestaciones.

Francos también menciona que las prestaciones superan el millón de pesos, demostrando una vez más su desconocimiento. Los aranceles vigentes para mayo de 2024 indican que solo servicios específicos de internación y rehabilitación pueden superar esa cifra, y estos no son comunes. La mayoría de las prestaciones, como escuelas, centros de día y terapias de apoyo, están muy por debajo de ese monto. Además, el sistema no se maneja por cápita, sino por prestación efectivamente brindada, contradiciendo nuevamente las afirmaciones del jefe de Gabinete.

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Otro punto que Francos intenta usar como prueba de corrupción es que dos instituciones de quince concentran el 50% de los atendidos. Sin embargo, esta afirmación carece de contexto. No se especifica el tipo de instituciones ni las necesidades de la población atendida. En muchos casos, es lógico que determinadas instituciones concentren un mayor número de beneficiarios debido a la especialización y calidad de los servicios que ofrecen.

Es evidente que las declaraciones de Francos no solo carecen de sustento, sino que revelan un intento deliberado de desprestigiar a las personas con discapacidad, a sus familias y a las instituciones que los apoyan. Esta estrategia de desacreditación es peligrosa y socava la confianza en las instituciones que deben velar por los derechos y el bienestar de los más vulnerables. En lugar de realizar investigaciones serias y exhaustivas antes de lanzar acusaciones, se elige el camino de la difamación y la confusión.

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La falta de comprensión del sistema de atención a personas con discapacidad y la repetición de discursos sin fundamento son preocupantes, especialmente viniendo de un funcionario de tan alto nivel. Estas actitudes no solo reflejan una gestión deficiente, sino también una alarmante falta de empatía y responsabilidad. La comunidad de personas con discapacidad y las organizaciones que luchan por sus derechos merecen respeto y un compromiso genuino para mejorar sus condiciones de vida, no ser utilizados como peones en una estrategia política de desprestigio.

Desde el inicio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad, las organizaciones han trabajado incansablemente para garantizar que los recursos se utilicen adecuadamente y que las personas reciban la atención que necesitan. La Ley 24.901, que establece este sistema, es un logro que no debe ser mancillado por acusaciones infundadas y políticas de austeridad mal dirigidas.

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Es fundamental que los funcionarios comprendan mejor los sistemas que administran y se abstengan de realizar denuncias sin fundamento. Las declaraciones de Francos muestran una preocupante desconexión con la realidad de las personas con discapacidad y sus necesidades. En lugar de contribuir al desprestigio de estas personas y las instituciones que las apoyan, el gobierno de Javier Milei debería enfocarse en fortalecer los mecanismos de control y auditoría para asegurar que los recursos se utilicen de manera efectiva y justa.

La comunidad de personas con discapacidad y las organizaciones que los representan merecen un gobierno que entienda sus necesidades y trabaje para mejorar sus vidas, no uno que los utilice como chivos expiatorios en una lucha política sin sentido. Es hora de que las autoridades tomen en serio sus responsabilidades y dejen de lado las estrategias de desprestigio que solo generan desconfianza y divisiones innecesarias.

Fuente: Foro Permanente Discapacidad

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— En Orsai (@EnOrsai) July 22, 2024