"Es auspicioso que se ponga la máxima institucionalidad encima de este tema, esto instala el debate de la máxima institucionalidad del país que es el presidente de la Nación, de alguna manera resistiendo y defendiéndose de los embates que está teniendo la Corte sobre el resto de los poderes", dijo la legisladora en diálogo con El Destape Radio.

Agregó que es necesario "el accionar en todos los frentes para evitar que la Corte siga avanzando como está avanzando sobre otros poderes como el Legislativo y Ejecutivo", ya que, consideró, "no se puede construir una institucionalidad seria cuando tenemos a un señor que cree que es un emperador, como Rosatti".

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El presidente Alberto Fernández anunció este domingo a través de una carta que impulsará junto a los gobernadores un juicio político a Rosatti para que "se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones", debido al dictado de una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre fondos coparticipables para ese distrito.

"Es correcto que el Presidente ponga el tema sobre la mesa. Hoy no tenemos número, hay que construirlo y para eso hay que construir sentido", destacó García al sostener que "hay que seguir en esta postura para que no ocurra lo que que está ocurriendo hace casi 6 años".

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La senadora provincial comentó que "hay miles de cosas de la vida cotidiana en la que ha tomado injerencia la Justicia", y que por eso "hay que explicarlo con las cuestiones cotidianas, con las cosas que nos afectan todos los días".

La exministra de Gobierno bonaerense también se refirió al fallo por la coparticipación y sostuvo que el accionar de "la Justicia, al tomar la determinación de darle a la Ciudad fondos que no le corresponden, porque fueron entregados de forma arbitraria por medio de un decreto de Mauricio Macri, merece la resistencia de todos los gobernadores".

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"Me parece que tiene que haber una acción concreta del Ejecutivo, nacional y provinciales, que tenga que ver con la recuperación de la autoridad frente a este avasallamiento", insistió.

El conflicto está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, al dar lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.