El exinterventor de la Administración General de Puertos durante la gestión de Mauricio Macri, Gonzalo Mórtola, fue procesado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por “violación de los deberes de funcionario” al haber contratado una consultora en forma directa por casi un millón de dólares. El expediente se inició en 2018, a través de una denuncia de Juan Carlos Lanatta, que advirtió sobre la contratación directa de la firma INDRA SI S.A. para la confección de los pliegos y la planificación financiera cuando no tenía antecedentes de trabajos en el área.

La Empresa Española INDRA SI S.A., sin antecedentes en la materia, fue contratada mediante la Resolución AGP 129/2016, por la suma de US$ 772.483,00.-, con fecha 15/12/16, y por un plazo de 8 meses en 2 etapas, es decir que el plazo debía expirar el 15/8/17, situación que no se dio, ya que en esa fecha no se tuvieron los pliegos listos.

Además, se le dio a INDRA SI S.A. una prórroga, que también incluyó una ampliación de los servicios de asesoramiento, por otros $ 168.025,00.

Martínez de Georgi señaló en la resolución que Mórtola, como interventor de la Administración General de Puertos, no podía desconocer que la contratación directa no está permitida por el Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado.

La contratación incumplió todos los procedimientos administrativos, ya que el monto máximo para hacerlo sin una licitación previa era de 1,5 millones de pesos, muy por debajo del monto pactado.

“Todo indica que (Mórtola) simuló circunstancias que le otorgaron aparente legalidad a su accionar, que de no haber sido por la denuncia formulada, probablemente no habría sido cuestionado”, mencionó el juez federal en su resolución.

Junto al procesamiento sin prisión preventiva por “violación de los deberes de funcionario”, que podría ampliarse según fuentes judiciales a “defraudación contra la administración pública”, el juez dispuso un embargo sobre los bienes de Mórtola por 400 mil pesos. El magistrado también ponderó que la Administración de Puerto contaba con personal idóneo, bien pago y capacitado para las tareas por las que contrató a la consultora, con un gasto de 940 mil dólares para el erario público.

Mórtola, de 48 años, fue uno de los que, tras el cambio presidencial en la Rosada, se intentó atornillarse a su puesto, dejando su lugar como Interventor de la AGP recién el 8 de enero de 2020. En 2019 integró la lista de diputados que acompañaron a Martín Lousteau en las elecciones en CABA, ocupando el puesto 17.