
Una causa sobre contrabando de soja desde Argentina a Brasil se está convirtiendo en paradigmática por todo lo que está poniendo al descubierto. El funcionamiento de una organización delictiva que incluye productores, camioneros, acopiadores, trabajadores informales, gendarmes, canoeros y hasta un juez.
Redacción EnOrsai // Sábado 09 de julio de 2022 | 20:14
(Por Walter Onorato - @WalterOnorato) A partir de una denuncia, radicada en noviembre de 2021 pero con trascendencia pública recién a mediados de este año, en la que intervinieron tanto la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes como el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Procuración General de la Nación. En la causa se encuentran involucrados funcionarios de la Justicia Federal argentina, de la provincia de Corrientes, entre ellos un juez.
Nos estamos refiriendo al juez federal de Paso de Los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda quien quedó involucrado en la causa de contrabando después de ser acusado de haber cobrado coimas para liberar camiones incautados con cargas de soja y quien llegó a su juzgado gracias a la firma de Miguel Ángel Pichetto en el Consejo de la Magistratura.
Fresneda fue denunciado por el magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, titular del mencionado juzgado federal misionero, junto al secretario Ricardo Torres y al fiscal del Juzgado Federal de Oberá, Fabián Martínez. La denuncia data de noviembre de 2021 pero con trascendencia pública posterior. El esfuerzo de silenciar la causa no fue suficiente para que los medios regionales filtren la información.
La investigación realizada por el Juzgado Federal de Oberá dictó el procesamiento a una docena de personas que se encuentran comprometidas en la causa por contrabando de soja ilegal a Brasil. Entre los investigados se encuentra el jefe de un Escuadrón de Gendarmería Nacional, Marco Antonio Duette, el titular de un emprendimiento turístico en la localidad de Panambí, Santiago Marino. También se encuentran procesados Juan Carlos Tivano; Ricardo Fabián Gómez; Marcelo Rubén Da Silva, alias “El Mago”; Francisco Eladio Morel; Antonio Adelmo Dos Santos; Ricardo Hildebrandt , alias “Caco”; Fabio Sebastián Escher y Adrián Marcelo Fed.
La denuncia en contra del juez Fresneda llegó luego de realizadas las transcripciones de las escuchas telefónicas a personas sospechadas de haber participado en el contrabando sojero. De esta manera, sorprendiendo a propios y extraños, el nombre del juez hizo su aparición en al menos cinco ocasiones cuando es nombrado por los propietarios de camiones retenidos con carga de soja en las ciudades correntinas de Santo Tomé y Paso de los Libres.
Según cuentan los medios locales que accedieron a la causa, en las conversaciones telefónicas, Fresneda, un fiscal subrogante y un secretario, son nombrados por cobrar coimas a cambio de liberar los camiones cargados con soja que habían sido secuestrados en la Ruta Nacional 14 de Corrientes. A pesar de todo el ámbito de corrupción en las escuchas, se pudo determinar que una secretaria del Juzgado de Paso de los Libres no quiso ser parte de la maniobra delictiva y por ese motivo fue desplazada de su cargo.
Con todos estos datos contundentes, obtenidos en la investigación, el Juzgado Federal de Oberá a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga denunció al juez Fresneda y a los otros dos implicados ante el Ministerio Público Fiscal de Nación quien lo devuelve al tribunal de Oberá quien se declaró incompetente por ser la parte denunciante y además porque los hechos de corrupción fueron en otra provincia.
De está manera la denuncia fue enviada a la justicia correntina donde intervinieron el Concejo de la Magistratura y la Cámara de Federal de Apelaciones que con el voto a favor de dos de sus tres camaristas, ordenó avanzar con la investigación pero dispuso en una orden sinsentido, que sea el mismo Juzgado de Paso de los Libres el que realice la investigación y para esto se debe determinar un subrogante. Todo en familia.
Los medios locales relatan que el jueves 23 de septiembre del 2021 cinco efectivos de la Seccional Segunda de la Unidad Regional VIII fueron demorados en la localidad de San Vicente (Misiones) por orden del juez de Instrucción local, Gerardo Casco, por haber desplegado un operativo sobre la ruta provincial 13.
En el mismo se realizaban el controles de documentación a los camiones. El problema sobrevino con el control de un camión que llevaba una carga de soja.
Cuando se realizaba el control, arribaron al lugar dos hombres que se presentaron como los dueños de la carga. Estas personas cuestionaron el procedimiento realizado por los policías y en el momento se comunicaron telefónicamente con el juez Casco.
Los productores sojeros de esta manera consiguieron que el juez ordene el levantamiento completo del control y que se acercara hasta el lugar de los hechos en persona.
El magistrado de esta manera dispuso que los cuatro uniformados que estaban en la calle, sumado a la oficial auxiliar y jefa de la comisaría interviniente sean demorados en una seccional.
El magistrado, amigo de los sojeros, ordenó el traslado de los efectivos hasta la comisaría, donde se les retuvo las armas reglamentarias y quedaron en calidad de demorados.
Para mayor indignación el chofer del camión Scania y el propietario de la carga de soja, formalizaron la denuncia en contra los policías.
Esto motivó a que los policías presentaron un pedido de jury contra el magistrado denunciándolo por abuso de poder y maltrato ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Misiones.
De acuerdo a lo informado por voceros judiciales consultados por medios locales, la presentación escrita lleva la firma de dos de los efectivos implicados en el mencionado procedimiento, quienes en representación de sus camaradas cuestionaron el accionar de Casco y defendieron las actuaciones policiales realizadas durante su intervención.
La denuncia de 14 fojas cuenta con distintas documentaciones adjuntas, entre soportes fílmicos, audios y chats de WhatsApp que - según los uniformados- son de suma importancia para el aval de la presentación.
De esta manera, la Jefa de la seccional Segunda de San Vicente, oficial auxiliar, María Eugenia Miranda y el oficial ayudante, Marcos Rosendo Katz, acompañado del Comisario, Sergio Benítez, Asesor Jurídico Dirección General de Seguridad, de la Policía de Misiones, ratificaron la denuncia presentada ante la Justicia.