Muchos dirigentes políticos de la derecha participan con entusiasmo en esta caza de brujas enarbolando consignas rebosantes de brutalidad.

Un solo ejemplo alcanza para ilustrar sobre esta barbarie. En el diario Clarín un aviso publicitario promocionó el programa de Jorge Lanata con esta leyenda: «Indios al ataque. Son los nuevos terroristas. Incendian y tienen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina». Es muy difícil encontrar un texto tan breve con tanta carga de racismo, prejuicios y mentiras.

Los informes y artículos de opinión sobre el tema publicados en aquel periódico, en La Nación y en Infobae no son menos feroces y exponen en toda su magnitud la ideología del exterminio, la misma que comandó las expediciones militares de conquista en el siglo XIX.

Si hay algo que se conoce muy bien en nuestro país es el acto de pillaje que se llevó a cabo con la tierra ganada a sangre y fuego a los pueblos originarios. El proceso fue muy reciente y, además, las investigaciones de no pocos historiadores permitieron sacar a la luz un tema que nunca se enseñó en la escuela argentina.

Las familias aristócratas que financiaron con la compra de bonos la cruzada militar de exterminio fueron recompensadas con enormes extensiones de tierras, con lo cual recuperaron con creces los dineros invertidos. Las grandes estancias del país tuvieron ese origen espurio haciendo realidad aquella vieja sentencia que habla del «crimen de la apropiación original de la tierra».

Pero el proceso no se detuvo en el siglo XIX; continuó hasta nuestros días. En las codiciadas áreas cordilleranas, desde el Estado se siguen promoviendo las concesiones de tierras a grupos empresarios privados que con harta frecuencia no pagan por ellas, ni siquiera los impuestos, a pesar de que las explotan comercialmente o las subdividen y lotean en exclusivo beneficio.

El reclamo de varias comunidades mapuches también tiene que ver con este proceso de apropiación vil del territorio por parte de especuladores muy poderosos, algunos extranjeros. Y también con la demora de la provincia de Río Negro en poner en práctica lo que establece la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Desde el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) se informó que es la provincia más atrasada en cumplir con la normativa.

Las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel ocurrieron en este marco, como así también muchos otros episodios de violencia que no han tenido la misma repercusión mediática que los recientes atribuidos, sin pruebas, a grupos pertenecientes a las comunidades mapuches, con una actuación de la Justicia que difiere notablemente según quién está en el banquillo de los acusados.

Fuente: laarena.com.ar