LOS NEGOCIOS OCULTOS

Una disputa con múltiples actores, detrás de los extraños incendios en la Comarca Andina

Los negocios inmobiliarios y forestales, el poder político que los ampara y un creciente activismo juvenil confluyen en el conflicto. La construcción del enemigo mapuche tiene ayuda mediática.

Una disputa con múltiples actores, detrás de los extraños incendios en la Comarca Andina

Tiempo Argentino // Martes 26 de octubre de 2021 | 06:30

La construcción del enemigo mapuche tiene ayuda mediática

(Por: Alejandro Pairone) La violencia verbal que desató el incendio esta semana del Club Andino Piltriquitrón (CAP), de El Bolsón, puso de manifiesto los alcances de la disputa por la tierra que atraviesa la provincia de Río Negro, y hasta dónde el bloque dominante local está dispuesto a llegar para garantizar los negocios inmobiliarios y forestales en la Cordillera.

Cuando literalmente aún humeaban las llamas que en la madrugada del miércoles 20 acabaron con la sede del CAP, el intendente local, Bruno Pogliano, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, marcaron la línea que reprodujo el conglomerado oficialista: “Ataque terrorista mapuche”.

Como toda prueba, mostraron un panfleto A4 a color con consignas y nombres de empresarios y políticos. Lo mismo, pero con menos pruebas, habían concluido en la madrugada del 4 de octubre tras el fuego que afectó una parte de un Centro de Información Turística. Con más elementos, sumaron el incendio de una base de Vialidad Provincial en Bariloche.

Pese a esa endeblez, los denunciaron como atentados terroristas en la Justicia Federal y exigieron al gobierno nacional el envío de fuerzas federales que llegaron el viernes mientras la prensa describía a la Comarca Andina como zona de guerra, avalaba cada exabrupto del intendente y la gobernadora, y encomiaba la fortaleza local por imponer sus exigencias a la Casa Rosada.

A tres semanas de las elecciones, el oficialismo provincial quedó en el centro de la escena dueño de la iniciativa y obligando a alinearse a todo el espectro político.

“Conflicto mapuche: nuevo incendio intencional en El Bolsón”, “Terrorismo mapuche en El Bolsón”, fue el tenor de los títulos. La Nación e Infobae, por ejemplo, publicaron 36 notas cada uno entre miércoles y viernes, mientras que un móvil TN, del Grupo Clarín, estacionó frente al CAP en la misma mañana del fuego.

Los acusadores vinculan los incendios con dos procesos de recuperación territorial por comunidades mapuches en un campo fiscal en la Cuesta del Ternero, al norte de El Bolsón, y en Villa Mascardi, al sur de Bariloche.

Carreras rechaza conversar con esas comunidades y se aferra a la política de represión sin diálogo nacida el 31 de julio de 2017 en Bariloche, por acuerdo entre los gobiernos de Río Negro y Chubut con el exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti. Al día siguiente ya había provocado la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, y más tarde el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel.

Lo que resiste el gobierno provincial es la aplicación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, sancionada en 2006 por iniciativa del expresidente Néstor Kirchner, que frena los desalojos y dispone una mesa tripartita entre comunidades y los gobiernos nacional y provincial para el relevamiento y regularización de la situación territorial. En casi todo el país la ley avanza, salvo en Río Negro.

“Río Negro no quiere firmar el Convenio de Relevamiento”, develó ayer la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda. “Río Negro es una de las pocas provincias que no tiene una sola comunidad con título (de tierras) comunitario”, precisó el director de Asuntos Jurídicos de ese organismo, Julián Fernández.

La provincia está conducida desde enero de 2012 por un partido conservador edificado en torno de la figura del senador nacional Alberto Weretilneck, quien heredó la gobernación tras la muerte del peronista Carlos Soria. Llamado Juntos Somos Río Negro, su partido abreva de sectores del peronismo, el radicalismo y otras fuerzas menores, y expresa intereses de los sectores económicos concentrados de la provincia, como los grandes operadores inmobiliarios y forestales.

Desde que asumió la gobernación hasta que la dejó en 2019, Weretilneck ignoró fallos de la Corte de la provincia y de la Nación que le ordenaban abrir el paso hacia el Lago Escondido, clausurado por el británico Joe Lewis. No los acató, y además envió policía para reprimir los intentos de acceso por parte de organizaciones sociales.

Entre 2012 y 2015 funcionó en Río Negro una comisión investigadora parlamentaria que descubrió 141 casos de ventas fraudulentas de 464.848 hectáreas de tierras fiscales que el exgobernador se negó a revertir. Ninguno de esos casos fue protagonizado por comunidades mapuches.

En forma paralela, en los últimos años se viene produciendo un singular fenómeno de creciente “mapuchización” entre sectores juveniles mayormente habitantes de las periferias de ciudades patagónicas. Históricamente sumergidos en la pobreza, el desempleo y la humillación, los jóvenes (y no tanto) van asumiendo su pertenencia a una cultura ancestral que los provee de una identidad y una pertenencia de la que carecían. Cambia su mundo.

Esos jóvenes están más dispuestos a poner el cuerpo en la recuperación de tierras, lo que en parte explica la revitalización de reclamos por territorios ancestrales que, a su vez, pone en cuestión la continuidad impune de los negocios inmobiliarios y forestales que el gobierno de Río Negro pretende garantizar a sangre y fuego en zonas que deben retornar a pueblos originarios.

El tándem Weretilneck/Carreras/Pogliano apela a la deshumanización del otro para convertirlo en enemigo interno asociado a los viejos conceptos de la Campaña del Desierto: indio malo, delincuente, salvaje. Pero ahora con el añadido de terrorista incendiario. Es endeble, pero suficiente para construir un sentido común contra un enemigo deshumanizado y criminalizado, además de extranjero, de manera de poder reprimirlo con cierto aval social y sin demasiado costo político y judicial.

Pero no son estos los únicos fuegos de la Cordillera. En los últimos años fueron reducidas a cenizas dos radios (Activa y Comarca Andina), claramente opositoras a los negociados inmobiliarios con tierras fiscales.

La misma suerte corrieron una salita de salud y dos veces un Centro Comunitario del paraje Mallín Ahogado donde se reunía la Asamblea por el Agua y la Tierra, que desde hace una década confronta contra un intento de loteo para construir una lujosa Aldea de Montaña en un Área Natural Protegida declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La empresa que lo intenta, Laderas, estrechamente vinculada a Lago Escondido, tenía de contador al intendente Bruno Pogliano, y a la vez es la concesionaria del Centro de Esquí del cerro Perito Moreno, en cuyo proceso de licitación el Club Andino Piltriquitrón quedó involucrado en confusos manejos de tierras.

“Nos ponen ante la sospecha de terrorismo”

El coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, alerta sobre el peligro que implica el uso liviano del término terrorista, a la vez que reclama enfáticamente el pronto esclarecimiento de los incendios en El Bolsón y Bariloche.

“Nos pone ante la sospecha de terrorismo, con lo que significa hablar de ello en la Argentina, con las épocas oscuras que ha vivido nuestro país”, sostiene ante Tiempo Argentino.

“Esto hace que el Estado asuma posiciones coercitivas, de persecución, y que lo que ocultan es la negación del pueblo mapuche-tehuelche y sus reivindicaciones territoriales”, deconstruye.

Para Carriqueo, se trata de la continuidad institucional del comando unificado (acuerdo represivo antimapuche de 2017) que, en el mejor de los casos, hoy se plantea en un grado mayor de violencia institucional. “En el peor de los casos, es terrorismo de Estado”, alerta el referente provincial.

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