Tras una videoconferencia de la que participaron los principales referentes del espacio opositor, como el ex presidente Mauricio Macri, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acordaron rechazar de plano cualquier cambio en el Poder Judicial, una de las partes de la República de menor prestigio ante la sociedad.

"El contexto en el que se presenta la posibilidad de una reforma judicial y particularmente de una ampliación de la Corte Suprema, que va a recomendar la comisión que asesore al Presidente de la Nación, no son una prioridad para la ciudadanía preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad", aseguraron en un posterior comunicado.

Sin embargo, hace dos años, muchos de estos mismos dirigentes proponían una medida similar, con la excusa de una supuesta lucha contra el narcotráfico, uno de los caballitos de batalla durante toda la gestión Macri, especialmente a través de los espectaculares operativos de Bullrich, entonces ministra de Seguridad.

En lo que fue presentado como una de las mayores apuestas del gobierno de Cambiemos "para dar un combate frontal contra la mafia de las drogas", el entonces presidente Mauricio Macri inauguró el lunes 11 de junio de 2018 la jornada "Argentina sin narcotráfico", que buscaba poner en marcha un amplio dispositivo con jueces, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y de Seguridad para -supuestamente- crear nuevas herramientas de lucha contra los narcos.

Entre las principales medidas que contemplaba el pomposo plan se destacaba la creación de 94 cargos de jueces en todo el país y 85 nuevas fiscalías dedicadas exclusivamente a las investigaciones de delitos de narcotráfico. Es decir, nombrar una enorme cantidad de funcionarios judiciales en diferentes puntos del país, maniobra que evidentemente va en contra de la postura conservadora que hoy imposta Juntos por el Cambio.

La misma Patricia Bullrich, en innumerables notas periodísticas, ponderaba y festejaba que en la zona del NOA iba a haber 17 nuevos cargos de jueces federales, lo que implicaría un aumento del 121%, y 21 fiscales para atender causas sólo relacionadas con el narcotráfico; en el NEA se impondrían 23 nuevos cargos de jueces, lo que supondría un incremento del 100% de magistrados, y 39 de fiscales; en la zona del centro del país iba a haber 14 nuevos jueces; en la zona pampeana 8 jueces; en Cuyo, 6 nuevos juzgados penales; en el Sur, unos 10 magistrados más y en el área metropolitana bonaerense 16 jueces más, lo que implicaba un aumento del 67% de la capacidad de ese momento.

Justamente, esta idea de Cambiemos es un capítulo de la reforma judicial que Alberto Fernández presentará hoy a la tarde, con el objetivo de licuar el poder del corrupto poder de Comodoro Py: la reforma judicial que el gobierno nacional propone contempla la creación de esos mismos 94 juzgados federales penales en las provincias, lo que implica la duplicación de los tribunales federales en el interior del país.

La intención de la Casa Rosada es desdoblar los juzgados que hoy reúnen competencias penales y no penales, y crear tribunales de competencia penal exclusiva, para investigar, entre otras cosas, las causas por narcotráfico. De un total de 104 juzgados federales ubicados fuera de la Ciudad de Buenos Aires se pasará a 198. La propuesta replica, casi de manera textual, la iniciativa que presentó el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

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