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Es en estas condiciones que estamos negociando con acreedores internacionales más de 66.000 millones de dólares de deuda pública. Para solucionar la crisis de deuda en tales circunstancias se necesita de sentido común, de colaboración entre las partes y de ideas nuevas para el beneficio tanto de los acreedores internacionales como de Argentina.

Argentina ha padecido una larga historia de auges y caídas y reformas económicas fallidas. El país entró en situación de default de su deuda en ocho ocasiones, estuvo sometido a la hiperinflación dos veces y experimentó múltiples crisis de la balanza de pagos y 20 programas económicos financiados por el FMI en 60 años.

Estos antecedentes constituyen la esencia del principio fundamental bajo el cual hemos elaborado el proceso de restructuración de la deuda, que es proponer, de buena fe, una redefinición de nuestros compromisos de deuda para generar sostenibilidad económica a largo plazo, a fin de que Argentina pueda cumplir y cumpla con lo prometido a sus acreedores.

Es también en beneficio de los acreedores que evitemos volver a las dinámicas destructivas del pasado de hacer promesas imposibles de cumplir y de padecer crisis tras crisis. Ya no hay lugar para las ilusiones. En el mundo del nuevo Covid-19, no podemos seguir gastando el 20% o más de los ingresos públicos en el pago de la deuda, tal como han pedido efectivamente algunos acreedores. Es simplemente imposible.

Son tiempos extremadamente difíciles para los bonistas y Argentina es un anticipo de lo que vendrá para las naciones de todo el mundo que luchan contra la deuda. Sin embargo, los bonistas pueden elegir entre reconocer los desafíos históricos y buscar nuevas formas de avanzar, o insistir caprichosamente en plazos de pago de la deuda con poca visión de futuro que parecen proveer retornos rápidamente pero que en realidad solo debilitan a los países deudores y socavan su capacidad de pagar deudas. Las exigencias insostenibles solo dan lugar a resultados insostenibles.

Seamos claros, esto no se limita a hojas de cálculos. Está en juego el destino económico de 45 millones de argentinas y argentinos. Más del 35% de nuestra población y el 52% de los niños de nuestro país ya se encuentran en situación de pobreza. A ningún gobierno democrático se le debería imponer más adversidades ni se le debería pedir que ponga a los bonistas por encima de las políticas económicas diseñadas para paliar los efectos catastróficos de la pandemia.

Nos hemos comprometido inquebrantablemente a salir de esta crisis siendo honestos tanto con nosotros mismos como con nuestros acreedores. Los escenarios de pago que hemos construido requieren un período de alivio para permitir la recuperación económica y la reconstrucción de nuestras posibilidades de generar ingresos. No está claro de qué manera la pandemia afectará las proyecciones económicas a mediano y largo plazo, pero hemos asumido que el crecimiento estará en línea con la trayectoria histórica y hemos utilizado estimaciones realistas del crecimiento de las exportaciones.

A pesar de que las cifras aparentan ser modestas, son ambiciosas en el sentido de que suponen una tendencia de mejora económica persistente que permite al sector público mantener superávits primarios y cumplir con las obligaciones de deuda que nuestra propuesta conlleva.

Nuestra oferta incluye un período de gracia de tres años, una reducción del 5,5% del capital de los bonos y una reducción del 62% de los pagos de intereses. Esto deja a los acreedores con un cupón de bonos promedio de 2,3%, en comparación con su promedio actual de 7%, el cual no es bajo considerando el escenario internacional actual de bajísimas tasas de interés. En resumen, no estamos pidiendo a nuestros acreedores que pierdan, sino que ganen menos.

Forzar una mayor austeridad para pagar más no solo sería desastroso en términos económicos, sino también inaceptable política y moralmente y, en última instancia, insostenible. Sostenibilidad significa tener una deuda que pueda pagarse y que esté bajo control: las deudas inafrontables no pueden pagarse ni en Argentina ni en ningún otro lugar. Sin embargo, incluso antes del Covid-19, la devaluación, las altas tasas de interés y el bajo crecimiento hicieron que nuestra trayectoria de deuda se saliera de control.

Ambas partes deben hacer un esfuerzo de buena fe. Por nuestra parte, buscaremos impulsar el crecimiento económico y comprometernos a administrar las finanzas públicas para generar un equilibrio primario. Por su parte, los inversores internacionales obtendrán una tasa de interés más alta que en sus países, una tasa que también sea consistente con las perspectivas de crecimiento de la Argentina.

Algunos acreedores buscan significativamente más. Pero tales demandas son inconsistentes con lo que incluso el FMI, que también es un acreedor importante, define como sostenible. Además, dicho análisis se basó en estimaciones económicas realizadas antes de la pandemia. Debo ser explícito y claro: no tenemos cómo poder pagar más.

Algunos han sugerido que en estas circunstancias paguemos menos. Pero como señal de nuestro compromiso con el acuerdo, mantenemos nuestra propuesta, a pesar de que ahora requiera de un esfuerzo de pago sustancialmente más fuerte. Ahora es el momento de un acuerdo.

Esta reestructuración de deuda está teniendo lugar en circunstancias dramáticas. El distanciamiento social ha tornado a las negociaciones aún más complicadas. Pero el origen latino de la palabra sostenible - sustinere - tiene muchos significados, y es a lo que aspira nuestro gobierno. A soportar, tolerar y sí, en última instancia, mantenerse en pie.

Traducido por Florencia Lambruschini y Agostina Moyano Comas