Ante la muerte del joven Rafael Nahuel, herido con balas de plomo en el marco de una represión de la Prefectura Naval Argentina, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich había afirmado días atrás que los mapuches que estaban reclamando sus territorios ancestrales en la zona de Villa Mascardi tenían en su poder armas de fuego de “grueso calibre”.

Ahora, el juez Villanueva, que lleva adelante la investigación por la muerte de Rafael, desmiente las declaraciones de la Ministra. Según informa el sitio Nuestras Voces, en su presentación del caso el juez sostiene que los mapuches “se valieron de la utilización de cuchillos y ondas de revoleo”. Nunca menciona armas de fuego ni de “grueso calibre”, como había expuesto en un comunicado el Ministerio de Seguridad.

Tampoco, según consta en el expediente, existen fotografías ni ningún tipo de evidencia que demuestre que las personas detenidas portaban armas de fuego.

Este hecho deja una conclusión clara en cuanto a la investigación por el fallecimiento de Rafael Nahuel: las únicas personas capaces de haber herido con balas de plomo al joven de 21 años son los efectivos del grupo Albatros de la Prefectura, portantes de las únicas armas de fuego que hubo en el lugar.

Prefectura le negó atención médica a Rafael Nahuel

Además, según informó el abogado Matias Schaer a diversos medios, los jóvenes que fueron liberados anoche no están imputados. Se trata de Lautaro Alejandro González y Fausto Horacio Jones Huala, quienes comparecieron ante el juez Villanueva y dieron una versión de los hechos muy alejada del relato de Prefectura y el Ministerio de Seguridad. Esto se desprende del informe antes citado por Nuestras Voces. Allí también se evidencia, a partir de la declaración de los testigos, que se le negó atención médica a Rafael.

Según la información de la fuente antes citada, González contó que llegó a la zona recuperada de Villa Mascardi el día miércoles y que se replegaron en la montaña tras los allanamientos del jueves pasado. Luego explica que el sábado bajaron “a ver que estaba pasando” y que cuando se encontraron con la Prefectura “no les dieron tiempo a nada”. “Nos dieron la voz de alto y después empezó la balacera”, relató, marcando una clara diferencia con la reconstrucción de Prefectura, que se presenta como víctima de un ataque en vez de responsable de la balacera que terminó con la vida de Rafael.

Según consta en la causa, tanto González como Jones Huala se entregaron a las fuerzas de seguridad en un intento de que Rafael, que se encontraba gravemente herido, recibiera atención médica, cuestión que le fue negada por las fuerzas de seguridad. “Cuando Rafael recibe el disparo –cuenta González- nosotros les avisamos a los efectivos de Prefectura que había un herido y ellos se retiraron en el momento”. Y agregó: “Yo me entregué debido a que Rafael necesitaba atención médica, pero no se pudo dar”.

La única que atacó fue Prefectura

Si bien el juez desmiente el relato del Ministerio de Seguridad sobre la presencia de armas de fuego, sigue sosteniendo que Prefectura actuó en el marco de “un ataque” de la comunidad del Lof, elemento difícil de sostener considerando que las fuerzas de seguridad venían llevando adelante una verdadera cacería desde el jueves y superaban en cantidad de personal y armamento al puñado de familias que reclaman por sus territorios ancestrales.

Además, y a pesar de sostener que los mapuches “atacaron” a las fuerzas de seguridad, el Juez no pudo hacerse con pruebas que permitieran imputar a los detenidos. Por tal motivo, González y Jones Huala fueron liberados luego de establecer el pago de una caución de 10 mil pesos y una serie de restricciones, entre las que se cuentan no poder acercarse a menos de 500 metros del territorio del Lof y tener que presentarse semanalmente a la delegación de la policía federal más cercada a sus domicilios.

Sin imputados, sin armas de fuego del lado de los manifestantes y confirmando entonces que a Rafael lo mató Prefectura, la concesión que hace el Juez al Ministerio de Seguridad, sosteniendo sin pruebas la existencia de un supuesto “ataque” a las fuerza represora, cae en el absurdo o se reserva como posible maniobra para garantizar la impunidad a los responsables.

FUENTE: Laizquierdadiario.com