Respecto de la situación en Jujuy, el representante de la provincia de reconoció que el estado jujeño impulsó nueve procesos contra personas que estaban ejerciendo el derecho a la protesta.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, destacó que la protesta no puede convertirse en un enunciado teórico: el respeto de la libertad de expresión no debe escindirse de su materialidad –ya sea porque se prohíbe la manifestación en determinado lugar o se permite por determinadas horas, bajo amenaza de ilegalidad. También afirmó que desde el punto de vista de los estándares internacionales las protestas no se transforman automáticamente en ilegales por el hecho de que haya un corte de ruta o de calle.

Por otra parte, a partir de los relatos sobre la quita de personerías a algunas organizaciones y la aplicación de multas, Lanza y la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño mostraron su preocupación sobre la vigencia de la libertad de asociación en la provincia.

Desde el CELS indicaron que el Estado se comprometió a modificar el delito de sedición para que no pueda ser utilizado contra las personas que ejercen sus derechos.

Sobre el decreto de la ley de migraciones (DNU 70/2017), tampoco el Estado pudo explicar ni la necesidad ni la urgencia de su decisión.

El relator para la Argentina, Francisco Eguiguren, destacó la preocupación de la Comisión por la relación entre migración y delito y la xenofobia y la estigmatización de las personas migrantes que promueve.

Diego Morales del CELS dijo que el DNU establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Se posibilita la detención de migrantes desde el inicio de ese trámite y una detención indefinida si la persona recurre la orden de expulsión. En este DNU la regla es la privación de la libertad -algo que generó especial preocupación entre los comisionados presentes.

El DNU habilita la cancelación de residencia y la expulsión para delitos menores como la resistencia a la autoridad, lo cual podría tener un efecto desalentador en la participación de las personas migrantes en las protestas sociales, dijo Marta Guerreño López de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba y de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina.

A pesar de que los integrantes de la CIDH le pidieron al Estado que explicara las razones que justificaron el dictado de una norma de emergencia, sus representantes evadieron la respuesta.

Participaron en la audiencia representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina y la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba.

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— En Orsai (@EnOrsai) March 20, 2017