Se trata de unos 30 mil profesionales de la salud que llevaron una denuncia ante la CIDH para plantear la problemática de la fumigación con agrotóxicos. Los principales efectos son las enfermedades cancerígenas y las muertes directas de las comunidades.

Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Córdoba, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y la organización Naturaleza de Derechos son quienes llevaron la presentación.

Además, solicitaron una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las graves consecuencias de enfermedades y muertes relacionadas con el uso de los pesticidas.