La Comisión Provincial por la Memoria, junto al CELS, el CEPI, FOJUDE, AJUS La Plata, la Defensoría de Casación y funcionarios judiciales, presentó una petición a la Gobernadora María Eugenia Vidal para que anule el Decreto del Poder Ejecutivo que designa al Dr. César Albarracín como fiscal de casación adjunto, quien se desempeñó hasta fines de diciembre como Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia, teniendo a su cargo al Servicio Penitenciario Bonaerense.

Según indicaron desde el organismo, el cuestionamiento se fundamenta “en las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en las cárceles bajo su gestión; por su desempeño como funcionario es que se pone en duda su idoneidad para cumplir con las funciones que el cargo de casación demanda”.

En esa línea, consideran que “Las distintas políticas llevadas adelante, contravienen la manda de la Constitución provincial que reclama el ‘respeto por los derechos humanos’ y los ‘valores democráticos’. La gestión de Albarracín en aquella Subsecretaría se basó en la negación de la grave situación de violaciones a los derechos humanos que sufren las personas privadas de su Libertad en la provincia”.

Además, sostienen que “las pésimas condiciones de detención, la corrupción dentro de la estructura penitenciaria, la circulación de armas de fabricación casera, la violencia de los agentes penitenciarios, la tortura y la muerte, han sido sistemáticamente negadas por la gestión del Dr. Albarracín, que no tomó medidas efectivas para combatirlas y obstaculizó los distintos intentos de hacerlas cesar”
Esta situación motivó que los organismos que firman la petición interpusieran múltiples acciones judiciales y recurrieron ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Ante estos reclamos, la respuesta del Dr. Albarracín, como representante de aquella Subsecretaría y del Poder Ejecutivo provincial, fue obstaculizar la labor de la justicia en la tutela de estos derechos”, resaltaron desde la Comisión por la Memoria.

Entre otros puntos, la nota presentada a Vidal señala esa reiterada negativa a dar cumplimiento a distintas órdenes judiciales, al tiempo que procedió de manera sistemática a recurrir e impugnar las decisiones de los jueces en materia de Hábeas Corpus colectivos por agravamiento de las condiciones de detención de las personas en ámbitos carcelarios, impidiendo que se ejecuten las medidas destinadas a hacer cesar los actos lesivos verificados por los magistrados.