Pablo Tonelli, uno de los 14 diputados macristas que no votó a favor de la iniciativa que recibió el apoyo de 170 votos afirmativos y ninguno negativo, aseguró -en diálogo con Radio Nacional- que la posición de su partido se debió a que “el proyecto puede interferir con la acción de la justicia”.

Tonelli admitió que, si hubo complicidades con la Dictadura, son “condenables”, aunque pidió investigar también los hechos de gobiernos democráticos: “Si vamos a investigar hechos de corrupción, hechos de connivencia entre el gobierno -sea autoritario o sea democrático- y particulares o empresas, nos parece que lo bueno sería investigarlos de manera integral”.

El proyecto de ley, que ayer recibió la media sanción de Diputados y fue girado al Senado, propone crear la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras para determinar quiénes fueron los “actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” con la dictadura militar y le dieron “apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”.

Junto a Tonelli, no votaron a favor de la propuesta Laura Alonso, Héctor Baldassi, Eduardo Cáceres, Gladys González, Christian Gribaudo, Luciano Laspina, Soledad Martínez, Federico Pinedo, Cornelia Schmidt-Liermann, Federico Sturzenegger y Jorge Triaca. También se sumaron los aliados macristas Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular) y Roberto Pradines (Demócrata de Mendoza).

El PRO también, ayer, votó en contra del proyecto de ley, que finalmente fue convertido en ley, que busca controlar la venta de las acciones que el Estado posee en empresas privadas.

El bloque amarillo consideró que dicha ley es “inconstitucional” y que sólo servirá para “crear puestitos” en la nueva ANPEE (Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas).

Tonelli explicó que la exigencia de la mayoría agravada para que el Estado pueda desprenderse de sus acciones es una “pretensión insanablemente nula” porque “el Congreso de hoy no puede limitar al Congreso de mañana”. “Sólo la Constitución puede limitarlo”, aseveró.

Además, advirtió que “la venta de acciones es una decisión administrativa que sólo puede tomar el Poder Ejecutivo”, por lo cual con este proyecto se produciría un traspaso de atribuciones.

Por su parte, su compañero de bloque, el economista Federico Sturzenegger, repitió que “el kirchnerismo tiene la motivación de condicionar al próximo gobierno” y aseguró que con la mayoría especial requerida para vender estas acciones se producirá “el congelamiento de tenencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES justo cuando por decisión de la Comisión Nacional de Valores, esta semana perdieron 31 mil millones de pesos”.

En una curiosa comparación, apuntó que “esta ley es como el tero: gritan en un lugar, mientras el nido lo hacen en otro. Dicen proteger activos -no los protegen-, cuando el objetivo real es crear un par de puestitos para algunos funcionarios”.